Al iniciar los conversatorios sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Corral Jurado, aseguró que este ejercicio da muestra de la disposición al diálogo amplio, plural e incluyente en el que se escucharán todas las voces.

Celebró el interés por participar en este primer conversatorio, que es resultado de una empatía e inquietudes genuinas, para que sean las ideas y los argumentos, no las fobias ni las magnificaciones, lo que enriquezca la ley que se discutirá después de estos encuentros que servirán para construir una reserva que modifique el dictamen aprobado en comisiones.

Subrayó que “el mundo y sus nuevos gigantes tecnológicos, los protagonistas del imperialismo digital actual, concentran un poder económico, político y simbólico que la futura legislación debe atender, sin soslayar libertades, pero tampoco confiar sólo en la autorregulación de los actores, quienes históricamente han demostrado que a pesar de las normas sólo creen en su ley”.

Javier Corral recordó que participó en dos importantes reformas en la materia, en la llamada Ley Televisa y la legislación de 2014. “Ahora tenemos la tercera oportunidad de hacer posibles anhelos de larga data, aunque con una coyuntura mundial distinta a la de hace 20 años, porque el avance tecnológico es diametralmente diferente y el control del poder simbólico no está sólo en manos de las empresas de radio y tv, sino de los más ricos y poderosos del planeta”, precisó.

Agregó que “la base de la democracia es la información, pero ahora transita de múltiples maneras. La desigualdad sigue como el gran problema del país, pero las consecuencias de no acotar la brecha digital pueden ser más devastadoras para el bienestar de las y los que menos tienen y que más han esperado”.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, cuestionó sobre los candados que incluiría la legislación para que el crimen organizado no tenga concesiones, además de que sí “existe optimismo respecto a las tarifas y derechos de las audiencias”.

Por el PVEM, la senadora Karen Castrejón Trujillo destacó la importancia de escuchar las voces de expertos para nutrir la iniciativa, sobre todo en la concepción del espectro radioeléctrico, el cual debe atender al máximo el beneficio social, así como la disponibilidad de las bandas del espectro eléctrico destinadas a la seguridad pública, la conectividad en lugares públicos y a la cobertura social, así como el propósito de reducir la brecha digital.

En tanto, la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, solicitó al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Javier Juárez Mojica, su visión sobre los aspectos que considera fundamentales para que la ley no sólo amplié la cobertura, sino que mejore la calidad del servicio en las zonas marginadas del país.

Del PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria hizo votos porque este ejercicio de diálogo no sea infructuoso como en otros momentos lo ha sido en la discusión de otras reformas. Preguntó a las y los ponentes qué impacto perciben que tendría la ley con un modelo en el que el gobierno se convertiría en participante, rector y regulador.

Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, lamentó que se desmorone la lucha de una generación que dejó atrás de manera gradual un modelo de hiper concentración y buscó evitar la captura del poder público y privado. Además, pidió saber si en la ley hay algún argumento objetivo que explique el tránsito de un órgano autónomo y colegiado hacia una agencia unipersonal.

De Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que las facultades que se le dan a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones son propositivas; no obstante, solicitó a las y los expertos sus planteamientos en torno a desregulación que pueden atribuirse a dicha agencia.

En su intervención, Francisca Martínez Flores, presidenta de Radio Independiente de México, afirmó que “la radiodifusión debe entrar en un proceso de desregulación y fomento que permita su subsistencia y crecimiento hacia el futuro”. En ese sentido, realizó propuestas para que la radiodifusión comercial independiente sea más viable ante los retos que enfrenta.

Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, destacó los avances de la última década, gracias a la regulación asimétrica que redujo la participación de mercado del actor económico preponderante en telecomunicaciones. Sugirió establecer en la ley que el Instituto cuente con los recursos necesarios para continuar con el impulso al talento humano. Además, coincidió en que es necesario definir a las instituciones bajo una visión de Estado. Manifestó que en términos de tarifas es importante definir la ley secundaria para que favorezca a los usuarios e incida en el derecho de audiencias.

El presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, afirmó que la ley otorga facultades ilimitadas a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones; “consideramos necesarios mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales o se actúe arbitrariamente, ya que hablamos de libertad de expresión, de opinión y de información”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo Torres Coto, indicó que la ley en comento representa un retroceso normativo y amenaza de manera directa a todo el ecosistema digital del país. “La ley debiera ser una ley que impulse una sociedad conectada y justa. Lo que requerimos es una ley con visión de Estado, no una ley de control y censura”.

La presidenta de la asociación Conectadas, Adriana Labardini Inzunza, mencionó que la ley debe ser una apuesta para crear puentes y no muros digitales.  “Si nos equivocamos esto puede revertirse contra la transformación digital del gobierno y de los usuarios, lo que impediría el desarrollo sostenible de nuestro país por varias décadas”, finalizó.