Instalan en San Lázaro el Grupo de Trabajo en materia de Gobierno, rumbo al PEF 2026

Quedó formalmente instalado el Grupo de Trabajo en materia de Gobierno, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual será coordinado por la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI), y cuyo objetivo es analizar los recursos asignados a esta función, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

Se explicó que el PPEF 2026 considera para el grupo funcional Gobierno 481 mil millones de pesos, lo que significa 6.8 por ciento del gasto programable y un crecimiento real del 2.7 por ciento con relación a lo aprobado para el 2025.

La legisladora resaltó la colaboración y disposición de sus integrantes para construir, más allá de las ideologías y colores partidistas, e hizo votos para que este grupo coadyuve y sea útil en este proceso de presupuesto. Aseguró que se escuchará la voz de la ciudadanía, académicos, expertos y órganos especializados de la Cámara de Diputados para ampliar el panorama, votar en conciencia y proponer mejoras al proyecto.

Informó que se realizará una mesa de trabajo en materia de gobierno, el próximo viernes, con los temas asuntos de orden público, asuntos financieros y hacendarios, coordinación de la política de gobierno, justicia, legislación, relaciones exteriores, seguridad nacional y seguridad pública, en la que se espera la asistencia de sus integrantes y ponentes que puedan nutrir con sus aportaciones.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que en el marco de los trabajos de esta instancia se analizará el PPEF 2026 y se explorarán datos de las funciones de la Administración Pública Federal (APF) relacionadas con la gobernanza para tener información actualizada acerca de la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio.

Explicó que en este Grupo se conocerá en qué medida las instituciones de la APF participan en el gasto público, específicamente en funciones que conciernen a justicia, asuntos de orden público, seguridad interior, coordinación de la política de gobierno y seguridad nacional, entre otras.

Destacó que la función de orden público y seguridad interior se fortalece con políticas que robustecen el sistema de seguridad, la coordinación interinstitucional y la profesionalización de corporaciones, para garantizar la integridad de las personas y la paz pública centrándose en los derechos humanos y la dignidad.

Además, se refuerzan las subfunciones de procuración e impartición de justicia, así como de reclusión, readaptación social y derechos humanos, y se priorizará el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

“Esto implica generar condiciones institucionales que aseguren atención integral, perspectiva de género, enfoque diferencial y coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, para avanzar a una sociedad más justa e inclusiva”.
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