Investigación publicada en diario El País muestra cómo la ruta que seguían los barcos usados para contrabandear huachicol fiscal a México

Una investigación publicada recientemente en el diario EL PAÍS reconstruyó, a partir de datos de geolocalización y documentos de puertos y aduanas de barcos en los que se traían combustibles sin pagar impuestos, una forma de operar parte de una trama criminal liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

EL PAÍS siguió la ruta del buque petrolero Nord Supreme, que junto con otros como el Seaways Jeju o el Mtm Hamburg, zarpa de Houston, Texas, con las bodegas llenas de aditivos para aceites lubricantes y la bandera de Dinamarca ondeando. Navega unas 90 millas náuticas antes de llegar a la altura de la frontera entre Estados Unidos y México, vira 30 grados a babor para enfilar hacia Tamaulipas, hasta la aduana de Altamira.

Bajan su carga en el puerto y, casi el mismo día, comienza la vuelta a Houston por la misma ruta, para llenar sus bodegas nuevamente y poner otra vez rumbo hacia Altamira, con destino al mismo muelle. Entre el 20 enero y el 3 de marzo de 2024, el Nord Supreme repitió el trayecto cuatro veces, transportando 18 millones de litros de aditivos. Solo que nunca llevaron lo que decían sus documentos, esos barriles contenían combustible que no pagó impuestos.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante de la Marina de México, coordinaron desde 2023 al menos 69 operaciones de este tipo, logrando contrabandear millones de litros por puertos mexicanos. La mayoría de los buques cargaban en la empresa Watco en Houston y seguían la misma ruta a Tamaulipas, donde desembarcaban en dos puntos, uno en Altamira y otro en Tampico, de acuerdo a la geolocalización de los petroleros involucrados.

La compañía exportadora, en 65 de los 69 casos analizados, es Ikon Midstream LLC, una comercializadora de combustible con sede en Houston. Las importadoras son todas de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y en 61 envíos son las empresas B-Match SA de CV, Azteca Cone SA de CV e Intanza SA de CV, relacionadas entre sí al compartir socios comerciales y dirección física. La agencia naviera es, siempre, Altamaritima SA de CV.

El 7 de septiembre las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas involucradas en esta red. Es el mayor golpe a la corrupción en lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum. El hallazgo de la trama también ha significado un dardo a la credibilidad de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado. Con militares al mando, la logística operaba con precisión marcial, usando siempre las mismas empresas, los mismos puertos, las mismas rutas.

De acuerdo con la fuente anónima que verificó los datos para EL PAÍS: “Es imposible que la agencia naviera y la aduanal y las empresas importadoras y exportadoras no sepan, ya que son las primeras que se acercan para tentar a los trabajadores de aduanas”. “Te dicen que lo van a meter de esta forma, que va ir con estos papeles y que será con una fracción arancelaria que no pague impuestos”, añade. Este es un código numérico internacional asignado a las mercancías para identificarlas.

En todos los envíos registrados en esta red, la fracción arancelaria que usan es la 38112107, correspondiente a “aditivos para aceites lubricantes cuando se presenten a granel”, mientras que la de la gasolina es 27101209 y la del diésel es 27101910. Estas dos fracciones están sujetas al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta fórmula de contrabando consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería abonar ese gravamen, disfrazado de otra mercancía.

También asegura que para este proceso se requiere de cooperación interna: “Forzosamente, para pasar un barco con contrabando de combustible, necesitas que esté dentro de la mafia el departamento de Informática y Contabilidad [dependiente de la Agencia nacional de aduanas de México], tanto el modulador como su subdirector”, explica. Ellos se encargan de comprobar que se hayan pagado los impuestos y escanean el pedimento, una declaración electrónica que debe presentar el importador o exportador ante las autoridades aduaneras para manifestar las mercancías.

Luego se da un proceso aleatorio, es decir, no todas las cargas son inspeccionadas, pero si esto ocurre, se le asigna un verificador del departamento de Operación Aduanera. “Es imprescindible que esté involucrado también este departamento [de Operación Aduanera], que es como el cerebro de la aduana, ya que si cae reconocimiento, el verificador y su jefe tienen que fingir que todo está correcto para liberar la carga”, en ese ambiente, se dice que un barco viene “arreglado” o “cantado” cuando hay un acuerdo para dejar pasar la nave.

“También necesitas a los responsables de las cámaras de seguridad, para que no alerten a nadie si de repente ven llegar a la aduana 300 camiones cisterna a llevarse el combustible; e invariablemente a los titulares y subdirectores de la aduana y el de operaciones en Ciudad de México”, dice el verificador. Y finaliza: “No se puede hacer nada sin que ellos lo sepan”.

Todos aquellos que siguieron estos pasos están entre los detenidos de la red de los Farías Laguna. Con rango, los hermanos presuntamente usaban su influencia dentro de la institución para decidir las designaciones de marinos y que gente de su confianza acabara en puestos clave de aduanas para poder operar su red de contrabando, desde junio de 2023, gestionando la entrada ilegal a puerto de un mínimo de 564 millones de litros dentro de 69 petroleros en cuatro aduanas diferentes. Esto supuso unos beneficios a los criminales de al menos 3.000 millones de pesos, unos 150 millones de dólares.

Siendo operaciones ilegales, la dimensión del contrabando de combustibles en México es un misterio al que solo se puede acceder mediante estimaciones. La consultora Petro Intelligence calcula que en 2024 hubo 18 mil millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano, equivalente al 30% del total vendido por las estaciones de servicio. Esto significaría un daño a la Hacienda pública de 6,200 millones de dólares. Las cantidades coinciden con las importaciones atípicas de aceites para lubricantes, otro de los disfraces para escamotear gasolinas, que hubo en el sexenio anterior, después de que se entregase el control de las aduanas a los militares.

“Nosotros avisamos de que estaban llegando barcos con cargas sospechosas de aditivos para aceites lubricantes desde finales de 2023; si buscan, van a encontrar que presentamos oficios ante el Órgano Interno de Control y la Secretaría de Función Pública”, asegura el verificador de aduanas. “Avisamos de que los marinos no nos dejaban hacer los muestreos y de que, con base en nuestra experiencia, se estaba permitiendo la entrada de huachicol a través de mecanismos de contrabando”, asegura el informante anónimo. Nunca recibió respuesta.