La jueza del Juzgado del Reclusorio Norte resolvió que fue infundada la solicitud de libertad anticipada por la defensa de Javier Duarte, por lo que el exgobernador de Veracruz, permanecerá en el la prisión varonil norte, al menos hasta abril de 2026 cuando se cumpla el 100% de su condena.
“Independientemente que estemos de acuerdo o no, creo que tenemos que respetar y ver los medios que nos da la ley”, sostuvo Pablo Campuzano, abogado del exmandatario, al salir de la prisión donde se encuentra su defendido.
Expresó que el siguiente paso legal en el caso de Duarte es apelar el fallo emitido este viernes 21 de noviembre.
Resaló que desconoce el sentir de Javier Duarte ante el fallo: “yo creo que más tarde me hablará para ver los planteamientos y poder avanzar y obtener su libertad.”
Más temprano, el defensor reiteraba que contaba con la documentación necesaria para acreditar que Duarte puede acceder al beneficio.
“Tenemos los documentos que indican que sí los cumple y por lo tanto confiamos en que se debe resolver así. En todo caso vamos a respetar la decisión que tome la juzgadora”, expresó.
De acuerdo con Campuzano, Duarte había 8 años y 7 meses de prisión de la condena de 9 años impuesta por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Posible apelación y postura frente al Poder Judicial
Al llegar al Reclusorio Norte, fue cuestionado sobre los pasos a seguir en caso de un fallo adverso, el abogado indicó que la vía de la apelación estaría sobre la mesa.
“En dado caso sí estaríamos viendo de una apelación, es un recurso que prevé la ley, es un derecho presentarlos”, dijo, aunque subrayó que la defensa mantendrá “respeto naturalmente a la decisión que tome la juzgadora y siempre con el respeto que hemos tenido a la Institución del Poder Judicial de la Federación”.
Campuzano añadió que el proceso podría marcar un precedente para distintos sectores interesados en la actuación judicial, particularmente en lo relativo al acceso a beneficios penitenciarios. Afirmó que este caso ha generado inquietudes entre “personas, empresarios, políticos, ciudadanos en general” sobre la imparcialidad judicial.
Un caso observado por su posible impacto
El abogado había sostenido que los requisitos establecidos para la liberación anticipada son “claros” y “puntuales”, y por lo tanto no sujetos a interpretaciones discrecionales.
“De ser cumplido se debe de conceder este beneficio”, afirmó. Consideró, además, que una resolución favorable enviaría “un buen mensaje” sobre la aplicación estricta de la ley, independientemente de presiones políticas o mediáticas.
RB