Estados Unidos. – El juez James Boasberg, de la Corte de Distrito de DC, ha iniciado un procedimiento para declarar al gobierno de Donald Trump en desacato penal. La medida surge tras el incumplimiento de una orden judicial emitida el 15 de marzo, que prohibía la expulsión de venezolanos hacia El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg argumenta que las acciones del gobierno reflejan un desacato deliberado, señalando que las órdenes judiciales deben ser respetadas, incluso cuando se cuestionen sus implicaciones sobre el Poder Ejecutivo. En su opinión de 46 páginas, el juez subraya que los funcionarios tuvieron múltiples oportunidades para rectificar, pero sus respuestas fueron insatisfactorias.
El caso se complica con el traslado de 238 venezolanos a El Salvador, quienes fueron entregados a las autoridades locales y recluidos en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT). A pesar de las órdenes claras del juez para detener las deportaciones, el gobierno argumentó confusión entre las instrucciones orales y escritas, mientras los vuelos ya estaban en curso.
El juez ha dado al gobierno hasta el 23 de abril para explicar el incumplimiento o identificar a los responsables de ejecutar las deportaciones. Este caso marca un enfrentamiento entre las ramas judicial y ejecutiva, con implicaciones legales y políticas significativas