A un año del fatídico accidente en el festival Axe Ceremonia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha intensificado sus acciones legales para sancionar a las corporaciones implicadas en la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas. La institución busca imputar formalmente a diversas personas morales y físicas tras detectar una cadena de omisiones y fallas estructurales que derivaron en la pérdida de ambas vidas mientras realizaban su labor informativa.
Bertha Alcalde Luján, titular de la fiscalía capitalina, explicó que el organismo ha solicitado desde hace meses la celebración de una audiencia inicial para proceder contra los presuntos responsables. De acuerdo con las indagatorias oficiales, la tragedia no fue un evento aislado, sino el resultado de una corresponsabilidad entre múltiples actores encargados de la seguridad y logística del evento masivo, quienes habrían fallado en sus protocolos más elementales.
Responsabilidades compartidas en el colapso de la estructura
La investigación ministerial ha identificado un entramado de negligencias que involucra a cuatro frentes principales. En primer lugar, se señala a la empresa encargada de diseñar el Plan de Protección Civil y a la figura responsable de supervisar que dicho documento cumpliera con las normas técnicas. Asimismo, la fiscalía apunta hacia la compañía que coordinó la supervisión general de seguridad durante el festival, la cual no detectó los riesgos inminentes en la zona de prensa.
Por otro lado, la responsabilidad se extiende a la empresa organizadora del festival por la contratación de servicios sin la debida vigilancia, así como a la proveedora técnica que realizó la instalación material de la grúa que colapsó. Según la fiscalía, se cuenta con un robusto expediente probatorio para lograr que los involucrados enfrenten un proceso penal, buscando así que el fallecimiento de los comunicadores no quede en la impunidad.
Obstáculos legales y el reclamo de las víctimas
A pesar de los avances en la integración de la carpeta, el proceso judicial ha enfrentado retrasos significativos. La fiscal Alcalde Luján mencionó que la audiencia de imputación ha sido diferida de forma recurrente debido a peticiones de la defensa jurídica de una de las partes afectadas. Esta situación ha generado un profundo malestar entre los familiares de las víctimas, quienes incluso han interpuesto denuncias contra asesores legales por considerar que sus acciones entorpecen el acceso a la pronta justicia.
La funcionaria capitalina subrayó que, si bien el sistema penal permite mecanismos alternos como los acuerdos reparatorios en casos de homicidio culposo, la prioridad de la Fiscalía es respetar la voluntad de los deudos y garantizar que el proceso llegue a una vinculación formal. Mientras tanto, el gremio periodístico permanece atento a este caso, que se ha convertido en un símbolo de la precariedad y los riesgos que enfrentan los trabajadores de la lente en eventos de alta concurrencia en la Ciudad de México.
