La iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas abre la puerta al crimen organizado y viola los acuerdos del T-MEC, afirman diputados del PRI.

El diputado federal Rubén Moreira Valdez coordinador de la fracción parlamentaria del PRI adelantó que su partido votará en contra de la reforma a la Ley de Aduanas, pues “tiene un enfoque solo destinado a recaudar y sin intención de mejorar su administración ni de fortalecer la competitividad nacional. El gobierno está quebrado y busca recursos de manera desesperada”.

Moreira Valdez, en representación de los diputados del PRI, calificó de “criminal, inaceptable y pésima” la reforma impulsada por la mayoría oficialista, y subrayó que la bancada no avalará la militarización de la operación aduanera, porque traerá graves consecuencias para la economía nacional, la transparencia y el respeto al Estado de derecho: el mejor ejemplo es el huachicol federal.

La iniciativa, agregó, abre la puerta a la delincuencia organizada, fomenta la corrupción y la impunidad, pues no contempla controles civiles, auditorías independientes, profesionalización del personal ni mecanismos de denuncia protegida.

El coordinador parlamentario advirtió que Morena y el oficialismo usan este tema como un distractor para ocultar el origen del huachicol fiscal, así como los constantes escándalos de corrupción que involucran a morenistas, su ineficiencia y los terribles resultados de los caprichos de la Administración de López Obrador.

Además, el exgobernador de Coahuila advirtió que la reforma pone en riesgo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), al imponer sanciones confiscatorias sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, castigando con la misma severidad a contribuyentes con fallas formales que a verdaderos defraudadores, lo que lejos de fomentar la autocorrección, puede llevar a la quiebra a quienes no solventen las multas.

Detalló que se plantean sanciones desproporcionadas de hasta 250 o 300 por ciento del valor de las mercancías, lo cual podría ser inconstitucional conforme al artículo 22 de la Constitución, además de contravenir compromisos internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el T-MEC.