El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por personas legisladoras del Congreso de la Unión, mediante las cuales se impugnó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2023.

La Corte determinó que el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma se ajustó a los estándares constitucionales de legalidad y a los principios democráticos, lo que incluyó una deliberación parlamentaria pública, la correcta aplicación de las reglas de votación y un desarrollo legislativo transparente, capaz de asegurar la participación ciudadana y el escrutinio democrático.

El Pleno consideró que las reformas orientadas a que la Secretaría de la Función Pública -actualmente, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno- agilice los procesos administrativos mediante nuevas atribuciones al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, no vulneran el principio de eficiencia administrativa. Al permitir que dicha Unidad nombre personas funcionarias para apoyar el manejo de recursos, no se infringe la obligación constitucional de las personas servidoras públicas de actuar con eficacia, ni se obstaculiza el cumplimiento de este principio.

Se reconoció la validez de los artículos tercero y cuarto transitorios, dado que no fueron combatidos de manera específica. Los plazos establecidos en dichas disposiciones, relacionados con la adecuación de los reglamentos internos, la reorganización de los órganos internos de control y la transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Función Pública, se consideraron válidas.