Legisladores exigen acción urgente por crisis migratoria y abandono de mexicanos detenidos en Estados Unidos

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores y diputados de distintos partidos urgieron al Gobierno Federal y a la Cancillería a intervenir de manera firme frente a las violaciones de derechos humanos que enfrentan mexicanos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, particularmente en la prisión conocida como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida.

El coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, calificó como una “tragedia humana global” el fenómeno migratorio y condenó las condiciones inhumanas en que se encuentran los connacionales encarcelados en Estados Unidos. Denunció la precariedad del sistema consular mexicano, con 63 vacantes y un recorte presupuestal que ha mermado su capacidad de atención: de 836 millones aprobados en 2018, se pasó a apenas 524 millones en 2025.

Moreira solicitó la presencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el recinto legislativo, y llamó a todos los partidos a discutir y aumentar el presupuesto destinado a la protección de mexicanos en el extranjero.

La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) se sumó al llamado y condenó el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Señaló que el centro carcelario representa “la institucionalización del castigo a la pobreza y al origen étnico”, y lamentó que el Gobierno mexicano haya guardado silencio ante estos abusos. También denunció que trabajadores consulares mexicanos en EE.UU. se encuentran sin salario digno, algunos recurriendo a bancos de alimentos y asistencia social para sobrevivir.

Desde el PAN, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón pidió incluir en la Agenda Política el caso del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez, quien permanece prófugo por presuntos vínculos con grupos criminales. Alertó sobre el riesgo de impunidad en casos de funcionarios ligados al crimen organizado.

Las intervenciones coincidieron en una exigencia: reforzar el sistema consular, garantizar la protección de los mexicanos en el exterior y enfrentar con seriedad la violencia institucional que sufren los migrantes.