Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Fue Directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. A nivel nacional ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho. A nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda.

Cuenta con diversas publicaciones en materia de derecho internacional y derechos humanos, destacando los títulos “Derecho Internacional Público”, “Régimen Interno e Internacional de los Tratados” y “Las Tres Vertientes de la Protección de los Derechos de la Persona Humana”.

Se desempeñó como Asesora del Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México; Directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Consejera Legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN; Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Diputada Federal; Integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México, y Consejera de la Judicatura Federal.

Desde el 12 de diciembre de 2021 es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la Segunda Sala (Administrativa y de Trabajo)

Principales propuestas

Propuesta 1:

SENTENCIAS SOCIALES. Las resoluciones de la Suprema Corte deben tener un impacto social. Para ello, se impulsará un mecanismo que permita identificar y atraer asuntos que sean de especial importancia para el pueblo de México, y que versen sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, se establecerán criterios que contribuyan al proyecto nacional de prosperidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas, sobre todo de las históricamente desprotegidas.

Propuesta 2:

JUSTICIA PÚBLICA. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la celebración de audiencias públicas ante la Suprema Corte, previo a la resolución del asunto correspondiente. Continuaré trabajando para maximizar este derecho de participación social, desde la perspectiva del acceso a la justicia, la inclusión y la igualdad de trato. Esta participación es una parte fundamental de la democratización del Poder Judicial. Las personas tienen que ser escuchadas por la máxima autoridad judicial.

Propuesta 3:

MINISTRA AL TERRITORIO. Esto implica salir del zócalo de la Ciudad de México para atender audiencias en distintos municipios y localidades del país, conforme a un plan de trabajo y calendarización. Esto contribuirá a la proximidad social y a la contextualización de las problemáticas locales. Además de escuchar a quienes son partes en los asuntos, se recibirá a organizaciones de la sociedad civil y a todo tipo de colectivos que tengan un interés concreto. Acceso a la justicia y desde la justicia.