Tras casi cinco años de intensos litigios, la Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe definitivo al patrimonio de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un tribunal colegiado dictó la sentencia de extinción de dominio sobre su lujosa residencia ubicada en la Ciudad de México, la cual está valuada en más de 51 millones de pesos, cerrando así cualquier posibilidad de recuperación para el exfuncionario.
La propiedad, localizada en la colonia Lomas de Bezares, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue el centro de una disputa jurídica que inició en 2021. Según la información oficial de la institución ministerial, se logró acreditar con pruebas contundentes que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita. Estos fondos están directamente vinculados a los actos de corrupción derivados de la compra a sobrecosto de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, operación realizada durante la gestión de Lozoya al frente de la petrolera estatal.
Un revés definitivo para la defensa de Lozoya
El camino legal para recuperar este activo no fue sencillo. En una primera instancia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio había fallado en contra de la FGR, declarando improcedente la acción. Sin embargo, la Fiscalía interpuso los recursos de apelación necesarios hasta llegar al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en la capital del país.
Este tribunal confirmó la procedencia de la acción de extinción de dominio, negando el amparo promovido por la defensa del exdirector de Pemex. Con esta resolución favorable, la FGR ratifica que el Estado mexicano retoma la propiedad de bienes obtenidos mediante fraudes y sobornos, como los imputados también en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Impacto en el combate a la corrupción
La FGR subrayó que esta sentencia definitiva es un paso crucial en la reparación del daño causado al erario público. La mansión, que simbolizaba el enriquecimiento injustificado del exfuncionario, ahora forma parte del patrimonio estatal. “Se confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia valuada en más de 51 millones de pesos”, puntualizó la dependencia, marcando un precedente en el uso de herramientas legales para desarticular las finanzas de exservidores públicos vinculados a delitos de corrupción y lavado de dinero.
