El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal Federal que castigan con penas de entre tres y cinco años de cárcel al personal sanitario que provoque lesiones permanentes a un paciente por falta de cuidado. Con una votación unánime de sus nueve integrantes, el máximo tribunal cerró la puerta a invalidar la vía penal en casos de mala praxis, aunque precisó que las complicaciones inherentes a un tratamiento no constituyen un delito por sí mismas.
La resolución derivó del análisis al amparo en revisión 257/2026, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra María Estela Ríos González. Al avalar la vigencia de los artículos 60 (segundo párrafo) y 291 del Código Penal Federal, la Corte subrayó que estas normas brindan certidumbre legal y no vulneran la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5° constitucional, ya que ninguna profesión está exenta de observar las reglas destinadas a proteger la integridad física y la vida de las personas.
Caso de neurocirujano del IMSS llegó al máximo tribunal
El litigio tuvo su origen en diciembre de 2017, cuando un neurocirujano adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó dos intervenciones quirúrgicas de columna vertebral a un paciente que presentaba secuelas de un accidente. Durante la primera operación se le colocaron tornillos transpediculares y, días después, el especialista intervino nuevamente para recolocarlos. Tras ambos procedimientos, peritajes médicos documentaron que el paciente sufrió una pérdida permanente de movilidad en la pierna derecha.
A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación y, en marzo de 2022, un juez federal en Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso al médico por lesiones culposas y responsabilidad profesional. La defensa del cirujano promovió un amparo argumentando que la ley penal es imprecisa respecto a las conductas médicas sancionables y que este tipo de controversias deberían resolverse exclusivamente en tribunales civiles o mediante el arbitraje de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Uso de protocolos clínicos
Al desechar los argumentos del quejoso, la Suprema Corte estableció una distinción fundamental: la actividad médica es una obligación de medios y no de resultados, es decir, que no está obligado legalmente a curar al paciente o garantizarle la sanación, sino a poner a su disposición todos los recursos, conocimientos y técnicas adecuados con la diligencia debida. Por tanto, un desenlace clínico adverso o una complicación quirúrgica no bastan para fincar responsabilidad penal si no se demuestra una infracción concreta al deber de cuidado.
Asimismo, el tribunal aclaró que la legislación penal no necesita catalogar cada posible falla técnica en un quirófano; en cambio, los protocolos clínicos y las guías médicas funcionan como parámetros objetivos para evaluar si existió imprudencia.
Grados de negligencia y el futuro del proceso
Durante la discusión en el Pleno, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra planteó acotar el castigo penal únicamente a las faltas graves o inexcusables, dejando los descuidos menores para la reparación civil. Sin embargo, la mayoría rechazó introducir esa clasificación al considerar que resulta complejo para los jueces trazar esa frontera y que definir nuevos estándares punitivos es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Tras negar el amparo, la Corte devolvió el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, instancia que deberá analizar las pruebas específicas aportadas por la Fiscalía para definir si ratifica o revoca la vinculación a proceso contra el neurocirujano.
