México retrocede en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales con la aprobación de las leyes secundarias
Ciudad de México, 20 de marzo 2025 – La reciente aprobación de las leyes secundarias en materia de acceso a la información y protección de datos personales ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con estos sectores, la reforma debilita la estructura institucional y normatividad en materia de transparencia, representando un grave retroceso en la garantía de los derechos a la información y protección de datos personales en el país.
La reforma fue aprobada sin mecanismos de consulta ni participación ciudadana, pese a reiteradas solicitudes de distintos sectores para que se llevara a cabo un Parlamento Abierto. Este proceso habría permitido asegurar que la iniciativa cumpliera con estándares internacionales y evitar su impacto negativo. La Ley de Transparencia que será abrogada ha sido reconocida a nivel regional por su alto nivel de protección del derecho a la información, pero en menos de un mes, más de dos décadas de avances han sido desmanteladas.
Uno de los cambios más significativos es la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serán transferidas al Poder Ejecutivo. La desaparición de este organismo autónomo supone una concentración de poder en la administración pública federal, debilitando los controles democráticos y limitando la vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos y decisiones gubernamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por este nuevo esquema institucional y ha cuestionado al Estado mexicano sobre los mecanismos para garantizar la independencia e imparcialidad en la protección del derecho a la información.
Otro aspecto alarmante de la reforma es el incremento en las causales de reserva de información, lo que permitirá clasificar como confidencial un mayor volumen de datos de interés público, reduciendo la transparencia y contraviniendo el principio de máxima publicidad. Organismos internacionales han cuestionado al gobierno sobre estos criterios, sin que hasta el momento se hayan ofrecido explicaciones claras.
También preocupa la falta de lineamientos claros sobre la continuidad y resguardo de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la protección de los datos almacenados en los últimos diez años. Esta incertidumbre podría afectar el acceso a la información en el largo plazo.
Las organizaciones de la sociedad civil han advertido que esta reforma incumple con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a saber de la sociedad. Han anunciado que continuarán documentando los efectos de la reforma y exigiendo transparencia en su implementación, en defensa del derecho de la ciudadanía a la información.
