De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres y niñas indígenas son las principales víctimas de la trata en el país, especialmente bajo la modalidad de explotación sexual, entre 2020 y 2022, las denuncias por este delito aumentaron 37 por ciento lo que refleja la urgencia de reforzar las políticas públicas y los mecanismos de protección.
Por ello la diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un exhorto ante la Comisión Permanente para que el Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos de los estados, atiendan con firmeza la violencia sexual que afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes indígenas en México.
En su Punto de Acuerdo, la congresista del PRI advirtió que los delitos denunciados constituyen violaciones graves a los derechos humanos y al marco jurídico nacional, como lo establece la Constitución y el Código Penal Federal, donde incluso se han documentado casos de violencia sexual cometida por integrantes del crimen organizado y difundida en materiales ilícitos,
La legisladora argumentó que estos grupos enfrentan una vulnerabilidad histórica derivada de la pobreza, la marginación y la discriminación, condiciones que son aprovechadas por tratantes y, en muchos casos, por la delincuencia organizada para someterlas a explotación sexual, servidumbre doméstica, matrimonios forzados, explotación laboral y actividades ilícitas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la UNODC lanzó la campaña “Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata”, en coordinación con las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, con apoyo del Gobierno de Canadá y la Secretaría de Gobernación. Esta estrategia aborda directamente problemáticas como la explotación sexual, el matrimonio infantil, la adopción ilegal y la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas.