En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado este 22 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los lineamientos generales de la nueva Ley de Aguas, una reforma que tiene como eje central la justicia social y la recuperación de la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos del país. De acuerdo con la mandataria, el objetivo principal de este marco jurídico es eliminar los esquemas de privilegio que han permitido que unos cuantos lucren con un recurso que pertenece a la nación.
Conagua retoma la rectoría de las concesiones
Uno de los pilares de esta reforma es el fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sheinbaum indicó que, con la nueva legislación, la dependencia federal retoma de manera efectiva el control de las concesiones. Durante décadas, muchos títulos fueron utilizados para beneficios personales o comerciales ajenos a su propósito original, como la extracción de agua para su posterior venta ilícita a través de pipas.
“Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y puede otorgarla a quien realmente va a utilizarla”, enfatizó la presidenta. Este movimiento busca evitar que el vital líquido sea mal utilizado y garantizar que el acceso al agua se base en la igualdad ante la ley, eliminando las redes de influencia que permitían el acaparamiento en sectores específicos.
Sanciones severas contra el lucro ilegal
Por su parte, el director de la Conagua, Efraín Morales López, detalló las consecuencias administrativas para quienes infrinjan la nueva normativa. Prácticas comunes en años anteriores, como la perforación de pozos sin permiso para el mercado negro de agua o el exceder el volumen de extracción asignado sin pagar los derechos correspondientes, serán castigadas con rigor.
Las sanciones económicas contempladas en la Ley de Aguas pueden alcanzar los 800 mil pesos. Estas multas buscan desincentivar el uso del agua como una mercancía de especulación y asegurar que los títulos de concesión se utilicen estrictamente para las actividades productivas o de consumo humano autorizadas.
Recaudación y regularización de productores
El impacto de estas medidas ya comienza a reflejarse en las finanzas públicas. Según datos de Conagua, desde 2018 se ha registrado un incremento de casi tres mil 500 millones de pesos en la recaudación por derechos de agua. La meta de la actual administración es alcanzar los seis mil 300 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento del 21 por ciento en los ingresos destinados a infraestructura hídrica.
En contraste con las sanciones, el gobierno también busca apoyar a quienes cumplen con la ley. Morales López informó que se han concluido con éxito nueve mil 500 trámites de títulos de concesión y prórrogas, beneficiando principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas.
Finalmente, se anunció la entrega de títulos de propiedad y uso de agua a municipios clave del norte del país, como Rosarito, Tecate, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Con esta acción, se pretende que los ayuntamientos tengan la certeza jurídica necesaria para gestionar el recurso en beneficio directo de sus poblaciones, garantizando que el agua deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos los mexicanos.
