La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral (MOE), ha recomendado que el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados no sea replicado en otros países de la región. En su informe preliminar, la misión destacó que este sistema, implementado por primera vez en México el pasado 1 de junio, presenta múltiples problemas que podrían afectar la imparcialidad, independencia y eficacia del Poder Judicial.

La misión señaló que la elección de más de 880 cargos judiciales federales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se llevó a cabo con baja participación ciudadana, alcanzando apenas el 13 % del electorado. Además, el informe advierte que la falta de exámenes estandarizados en el proceso de selección de candidatos genera dudas sobre la idoneidad de los perfiles.

Otro punto de preocupación es la alta tasa de votos nulos y no marcados, que representaron el 10.80 % de la elección. La OEA atribuye esto al breve plazo en el que se desarrollaron los comicios y a la falta de información clara para los votantes.

El informe también alerta sobre el riesgo de que las decisiones judiciales sean tomadas con fines electorales en lugar de criterios técnicos, debido a la posibilidad de reelección y los mandatos de nueve años para jueces y magistrados.

Además, la composición de la nueva Suprema Corte de Justicia ha generado inquietudes, ya que seis de los nueve nuevos ministros fueron propuestos por el Ejecutivo, mientras que tres ya formaban parte de la Corte, lo que levanta dudas sobre la autonomía real del máximo tribunal.

La OEA también ha señalado que las próximas elecciones judiciales en México, previstas para 2027, podrían coincidir con los comicios generales, lo que aumentaría el riesgo de influencias partidistas en el proceso.

El informe de la misión ha sido respaldado por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado preocupaciones similares sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial