Ciudad de México, 29 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoce el papel fundamental de las autoridades judiciales en la protección de todas las personas contra las desapariciones.
Las autoridades judiciales desempeñan un rol esencial al garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares.
La ONU-DH reconoce los avances alcanzados en México y los retos en el combate a las desapariciones forzadas. Alienta a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Ello incluye eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del “amparo buscador” y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones.
La ONU-DH señala la importancia de que los procesos de capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas incorporen un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural.
Entre los avances a seguir consolidando se encuentran el pleno reconocimiento de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de “la declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas. En este sentido, también son importantes los esfuerzos encaminados a que las víctimas y sus familias estén situadas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación.
En esta fecha, la ONU-DH reafirma su solidaridad con las víctimas de desapariciones forzadas y reitera su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir todas las desapariciones y salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.