Ciudad de México.- En el marco de la discusión por la reforma a la Ley de Amparo, el diputado Erubiel Alonso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó duramente el dictamen impulsado por Morena, al que calificó de retroactivo y autoritario.
Desde la tribuna de San Lázaro, el legislador priista acusó a la bancada oficialista de seguir “instrucciones desde Palacio Nacional” y de buscar el control político del país.
“Esta reforma sí es retroactiva, y lo decimos fuerte y claro, que se escuche hasta Palacio Nacional”, expresó.
Alonso sostuvo que Morena y sus aliados están fortaleciendo el autoritarismo en lugar de brindar seguridad y protección a la ciudadanía. “En el PRI queremos un México de libertades y derechos, no una dictadura que busque controlar a la población”, afirmó.
Durante su intervención, el diputado advirtió que las modificaciones propuestas al artículo transitorio afectarán la posibilidad de defender derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente, la salud, los pueblos indígenas y la niñez.
Cuestionó también la técnica legislativa utilizada en la redacción de la reforma, señalando que el transitorio es “confuso y equívoco”, y discrepó con la postura de Morena que considera a la Ley de Amparo como una norma procesal.
“La Ley de Amparo no es procesal, es reglamentaria. Su propósito es garantizar preceptos constitucionales, no establecer procedimientos judiciales”, argumentó.
En tono crítico, Alonso acusó al oficialismo de actuar bajo órdenes de la Presidencia.
“Hoy vemos a diputadas y diputados del oficialismo agachados ante sus patrones, defendiendo lo indefendible, bajo la indicación de Andy López Beltrán, su nuevo jefe político”, señaló.
Finalmente, el legislador llamó a respetar los derechos humanos y la esencia del juicio de amparo como un instrumento de protección ciudadana:
“El amparo es para los ciudadanos, no para el Estado. Debemos proteger a las personas y no al poder”, concluyó.
La reforma fue aprobada con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, pese al rechazo de la oposición que advierte riesgos de retroactividad y debilitamiento de las garantías constitucionales.