PAN impulsa comisión especial para investigar a Arturo Ávila en San Lázaro

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados entregó un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política para solicitar la creación de una comisión especial de investigación sobre la “posible red de corrupción” que encabezaría el vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila Anaya.

La iniciativa surge como respuesta a los señalamientos sobre tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y contratos irregulares asignados durante su paso por la administración pública y vinculación con empresas familiares.

Ávila, quien ha sido vocero nacional de Morena, funcionario en la Secretaría de Gobernación, y candidato en Aguascalientes, se convirtió en blanco de acusaciones luego de impulsar una investigación sobre el llamado “cártel inmobiliario” en alcaldías panistas. En contraparte, el PAN exige retirarle el fuero constitucional para que sea investigado por diversas instancias judiciales.

Entre los argumentos destacados por la oposición figuran:

• La conformación de un entramado empresarial con vínculos políticos y familiares, como IBN Industrias Militares, Share y Asociados, y Blindajes Urbanos, que recibieron contratos multimillonarios en dependencias como SEDENA, PEMEX, Banco del Bienestar y gobiernos estatales, incluso tras haber sido inhabilitadas.
• La asociación de Ávila con Carlos Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
• La venta del sistema de espionaje “Galileo” a la SEDENA, negociado por intermediarios ligados al legislador, por más de 2.8 millones de euros.
• Contratos asignados durante la pandemia por más de 20 millones de pesos para pruebas rápidas y equipo médico.
• El congelamiento de cuentas bancarias de sus empresas, tramitado mediante amparos en 2024.
• La compra de propiedades en California, incluyendo una mansión de más de 4 millones de dólares, saldada en tres meses sin justificación clara del origen de los recursos.
• Un historial de 42 expedientes judiciales activos en cinco estados que involucran desde litigios civiles hasta procesos mercantiles y fiscales.

Asimismo, se señala su cercanía política con Adán Augusto López Hernández, con quien coordinó precampañas internas en Morena, mientras sus empresas recibían contratos en paralelo.