Persistente Realidad
La ejecución de dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la ciudad obliga a una reflexión más allá de la natural empatía hacia las víctimas —que comparto plenamente— y de la exigencia indispensable de justicia y esclarecimiento de los hechos. Descansen en paz Ximena Guzmán y José Muñoz. No se trata de un evento aislado. La forma en que ocurrió el ataque plantea hipótesis inquietantes. La más grave de ellas: que se trate de una represalia frente a la embestida contra el crimen organizado que llevan a cabo, de manera articulada, autoridades locales y federales.
La preocupación es mayor por la naturaleza del operativo criminal, que revela niveles de planeación, capacidad logística y destreza operativa poco comunes. Ello hace suponer que detrás del crimen se encuentra una organización delictiva con alto grado de sofisticación y que la motivación no corresponde a una disputa menor. Las víctimas no tenían funciones decisorias en temas de seguridad, pero sí una cercanía directa con la mandataria local y Ximena con la propia residenta. Eso sugiere un acto de advertencia o intimidación dirigido a quienes sí tienen responsabilidades en la conducción de la estrategia.
Desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad y de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, se acreditó capacidad, talento y profesionalismo en el combate a la delincuencia organizada. Así lo demuestra, entre otros casos, el esclarecimiento del atentado contra Ciro Gómez Leyva, aunque aún incompleto, pues falta identificar al autor intelectual. El relevo en el gobierno ha sido consecuente con esa línea de acción. Por eso existe expectativa fundada de que en este caso se dé con los responsables materiales, e incluso con quienes ordenaron los asesinatos.
El atentado confirma que en materia de seguridad y frente a la principal amenaza a la estabilidad del país, sociedad y gobierno deben cerrar filas. Hay que reducir el flujo de armas, frenar el financiamiento criminal y fortalecer las capacidades locales. El Estado mexicano puede enfrentar a los grupos que actúan al margen de la ley; la mejor manera de revertir la ola criminal que se ha normalizado es combatiendo la impunidad. La clave está en persistir, coordinar y no ceder.