Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron una suspensión de actividades en múltiples entidades del país como protesta directa contra los nuevos lineamientos de evaluación de permanencia. Las inconformidades surgieron debido a que el personal operativo, compuesto por actuarios, oficiales judiciales y secretarios proyectistas, considera que los criterios del examen carecen de la objetividad necesaria.
Los empleados argumentan que la prueba y los factores de puntaje ponen en riesgo la estabilidad laboral y abren la puerta a posibles represalias o presiones internas dentro de los tribunales y juzgados federales.
¿Quiénes participan en la suspensión de labores del Poder Judicial?
El movimiento de protesta escaló rápidamente, alcanzando sedes en al menos una decena de estados de la República. En la Ciudad de México, el cierre de instalaciones abarcó edificios estratégicos como el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, así como las sedes de Ajusco, Las Flores y Prisma.
Dependiendo de cada entidad y delegación sindical, los arranques de la movilización variaron desde las primeras horas de la madrugada de este viernes 6 de noviembre afectando de manera parcial la operatividad regular de los órganos jurisdiccionales, los cuales operan bajo esquemas de guardias de emergencia para trámites urgentes.
¿Cuáles son las demandas de los inconformes?
Aunque el personal no rechaza de forma absoluta la capacitación institucional, exige que los lineamientos no comprometan su continuidad laboral ni dependan de criterios subjetivos. Como alternativa a la pérdida de puestos por calificaciones reprobatorias, los grupos afectados propusieron que los resultados desfavorables deriven únicamente en apercibimientos formales o programas adicionales de formación profesional.
Las representaciones sindicales y los comités de trabajadores reiteraron que mantendrán abiertas las mesas de diálogo con las autoridades del organismo para buscar ajustes en los mecanismos de evaluación. El personal enfatizó que la exigencia principal no es eximirse de la rendición de cuentas, sino garantizar un proceso imparcial, transparente y con reglas claras.
Mientras el conflicto permanezca sin resolución formal, las sedes participantes continuarán operando bajo un esquema de atención restringido a fin de asegurar que los juicios de amparo y los procedimientos penales de extrema urgencia no queden en indefensión.
