Con F de farsa y de fracaso
Pedro Díaz G.
En la elección del 1 de junio para renovar La Corte, al Consejo de la Judicatura Federal y a otros órganos del Poder Judicial, la participación extremadamente baja que se registró representa una señal de alarma grave en cuanto a la credibilidad, relevancia y legitimidad del sistema judicial ante la ciudadanía.
Esta elección, impulsada tras las reformas judiciales que centralizan aún más el control del Poder Judicial en manos del Ejecutivo y del Congreso dominado por el oficialismo, fue presentada como un acto de democratización; sin embargo, la realidad exhibió lo contrario: una profunda indiferencia social ante una consulta percibida como controlada, inútil o directamente ilegítima.
La participación raquítica —que en algunas estimaciones preliminares no superó el 13% del padrón nacional y fue aún menor en ciertas regiones urbanas— es una respuesta directa al descrédito del proceso y la sospecha generalizada de que los resultados ya estaban pactados de antemano.
Esto ocurre en un contexto donde la narrativa oficial insiste en una aprobación masiva hacia la figura presidencial, alimentando cifras irreales como un 85% de respaldo, claramente infladas por mecanismos propagandísticos y encuestas a modo.
Si tal nivel de aprobación fuera genuino, se esperaría una participación cívica entusiasta incluso en un proceso poco convencional como la elección de jueces o consejeros judiciales. Pero no fue así. Lo que se observa es una ciudadanía que, entre la desinformación, el desinterés, el desencanto y el miedo, optó por la abstención, desnudando la desconexión entre el poder político y la legitimidad democrática real.
La imposición de una consulta judicial sin pedagogía institucional, sin garantías de independencia en las candidaturas y sin un marco transparente de consecuencias jurídicas, revela que no se trató de un esfuerzo por fortalecer al Poder Judicial, sino de consolidar su sometimiento al nuevo bloque dominante. El vacío de participación representa, en términos históricos, una marca negativa comparable al desmantelamiento de órganos autónomos en regímenes de corte autoritario.
No se democratiza la justicia desde el control partidista, ni se legitima el poder judicial si la ciudadanía no lo reconoce como propio.
Este episodio debería encender todas las alertas en la sociedad civil, en los observadores internacionales y en los sectores jurídicos independientes, porque la justicia sometida por el voto sin libertad es tan peligrosa como la justicia impuesta por decreto. La abstención masiva no es apatía, es una forma de resistencia pasiva frente a un proceso percibido como lo que es, una farsa.
Cuánto costará al país que Norma Piña no se levantara de su silla a aplaudir al macuspano. Ahí comenzó el fin.