En un movimiento legal sin precedentes dentro de los procesos penales de la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco formalizó la solicitud de una pena acumulada de 154 años de prisión en contra de Hernán Bermúdez Requena. El exfuncionario, quien encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos Merino, enfrenta acusaciones directas por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la comisión de múltiples delitos graves.
Las autoridades de procuración de justicia confirmaron que los cargos presentados contra el exjefe policial contemplan delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa, lo que fundamenta la severidad de la condena total requerida por el Ministerio Público.
Acusaciones y desglose de la pena solicitada
De acuerdo con las carpetas de investigación aportadas por la fiscalía local para sustentar el expediente de acusación, la penalidad propuesta se divide minuciosamente según el impacto de los ilícitos imputados, de la siguiente manera: 24 años de cárcel por el cargo de asociación delictuosa, a la que se suman otros 30 años de reclusión, además de una sanción económica equivalente a 30 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), bajo el concepto de extorsión agravada. El tiempo restante de la condena global corresponde a la presunta comisión del delito de secuestro.
Bermúdez Requena, conocido bajo el alias de “El Abuelo”, ha sido señalado por las autoridades de inteligencia como el presunto líder operativo de la célula delictiva denominada “La Barredora”, organización criminal con fuerte arraigo en la región del sureste mexicano y con presuntos nexos logísticos con cárteles de alcance nacional. Su captura se registró en septiembre de 2025, luego de que las autoridades lograran ubicar su paradero en Paraguay tras haber permanecido prófugo de la justicia.
Desde el penal de máxima seguridad
El exfuncionario participó de manera activa en esta diligencia jurídica mediante el sistema de videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. En este centro penitenciario federal de máxima seguridad es donde el imputado permanece recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación legal.
Pese a los constantes recursos legales promovidos por la defensa del exfuncionario para revertir las medidas cautelares en su contra, los tribunales competentes han rechazado de forma sistemática sus solicitudes. Con la conclusión de esta fase procesal, el caso queda formalmente listo para dar inicio a las audiencias de juicio oral, donde se definirá de manera definitiva la culpabilidad o inocencia del antiguo mando policial.
