Por unanimidad, Comisión aprueba reforma constitucional que faculta al Congreso a expedir ley general sobre extorsión

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), aprobó por unanimidad de 37 votos a favor, el dictamen a la iniciativa presidencial que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.

El dictamen, que será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa, señala que la Comisión de Puntos Constitucionales se adhiere completamente a la propuesta de reforma presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 10 de julio; “Definitivamente, consideramos y concluimos que se encuentra fundada, motivada. Es oportuna y necesaria”.

Con el cambio constitucional propuesto, el Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

De acuerdo con el régimen transitorio, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Argumenta que en el Código Penal Federal se tipificó esta conducta, pero en 1984. Actualmente, dicho delito ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, a la vez existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención.

Expone que el delito de extorsión cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión y para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente el delito descrito.

A su vez, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) anunció el voto a favor de su grupo parlamentario. No se puede dejar de acompañar la posible solución a un problema doloroso que ha afectado a todos los rincones del país y que ha degenerado en la delincuencia, de ser un delito patrimonial a convertirse en uno que afecta la libertad y seguridad de las personas.

La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) mencionó que la extorsión ha sido un problema creciente, ya que es el único delito que de enero de 2019 a enero de 2025 ha presentado un incremento del 21.1 por ciento, por lo que ahí radica la importancia de este proyecto de dictamen, el cual tiene la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general sobre extorsión.

Para la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) hoy se discute uno de los temas que más han dañado y lastimado al país, como es la extorsión, que se ha enraizado en la vida de las y los mexicanos, al no distinguir edad, género ni clase social; cada mujer y hombre están expuestos al peligro de ser extorsionados, ya sea con llamadas telefónicas de origen dudoso, amenazas directas de grupos de la delincuencia, correos electrónicos o mediante actos de violencia física.

Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez se mostró a favor de la reforma, ya que el delito de extorsión afecta a una buena parte del país y su característica no se limita a un territorio, por lo que legislarlo desde la Cámara de Diputados y del Senado de la República es dar una respuesta a las y a los ciudadanos. “Siempre vamos a apoyar aquello que sea en beneficio de la sociedad y esperamos que el debate en el Pleno sea lo más pronto posible en el periodo ordinario”.

Laura Hernández García, diputada de MC, comentó que el delito de extorsión ha sido utilizado por grupos de la delincuencia organizada para la obtención de recursos económicos, lo que ha tenido consecuencias para todas las personas, quienes han sufrido y siguen sufriendo porque son víctimas del delito, como lo indican los índices de violencia, que suman aproximadamente 11 mil al año.

Refirió que de acuerdo a datos de la Coparmex, en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México; por ello, se debe legislar no solo a nivel constitucional sino en la ley secundaria para homologar penas, generar políticas públicas que sean unificadas y atiendan la gravedad del problema desde su raíz y lograr una justicia real y punible, con apego a derechos humanos.