En representación de la coordinadora Ivonne Ortega, la legisladora Anayeli Muñoz presentó una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se garanticen los derechos de las mujeres privadas de su libertad y de los menores que les acompañan.
Con esta reforma, se busca garantizar su derecho a recibir atención médica, a salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional, y que se garantice el suministro de productos de gestión menstrual suficientes, con espacios higiénicos.
Principalmente, explicó la legisladora, se pretende brindar a las mujeres lactantes, que cuenten con espacios dignos para su lactancia, separados de la población general, para asegurar el desarrollo de los primeros meses de la hija o hijo, y para garantizar el interés superior de la niñez.
Se propone que cuenten con espacios adecuados para el esparcimiento, y recreación que favorezcan el desarrollo físico, emocional y social de los menores; con acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, así como evaluaciones periódicas del desarrollo infantil físico, psicológico y nutricional.
Para una atención integral a los menores, la separación entre la madre y el menor se implementará de forma progresiva, que sea una transición sensible y respetuosa del interés superior de la niñez, así como el derecho del menor de estar acompañado en todo momento de personal capacitado.
Las mujeres y los menores que se encuentren en esta situación merecen que sus derechos se garanticen y se amplíen, por lo que esta propuesta busca adecuar y mejorar sus condiciones sociales y familiares.