Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido popularmente en la arena política mexicana como “Alito”, nació el 25 de abril de 1975 en San Francisco de Campeche, Campeche, consolidó su trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la juventud.
Abogado de profesión, ascendió con rapidez en las estructuras de la dirigencia juvenil de su partido, lo que le sirvió de plataforma para ocupar cargos de elección popular a temprana edad, a los 28 años ya era diputado federal y posteriormente, llegó al Senado de la República antes de cumplir los 40 años.
Gestión en Campeche (2015-2019)
En 2015 asumió la gubernatura de Campeche tras ganar las elecciones estatales. Su mandato se caracterizó por una fuerte presencia mediática y la concentración en obras de infraestructura urbana. En junio de 2019 dejó el cargo antes de concluir su periodo constitucional para competir por la dirigencia nacional del PRI, dejando tras de sí un estado con discrepancias financieras señaladas por órganos de fiscalización.
Investigaciones patrimoniales y controversias
Su carrera ha estado permanentemente cruzada por expedientes judiciales y fiscales. Diversas investigaciones de la fiscalía local y federal han puesto el foco en la desproporción entre sus ingresos declarados y su patrimonio inmobiliario.
Destacan los señalamientos por la adquisición de múltiples predios a precios por debajo del mercado comercial en zonas de alta plusvalía en Campeche, así como cateos judiciales en sus propiedades por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia dudosa.
Lo anterior desencadeno, en el 2022, el intento por retirarle la inmunidad procesal, desaforarlo, luego de que la fiscalía campechana presentó formalmente ante San Lázaro una petición de juicio de procedencia, imputándole probables conductas de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos durante su etapa como mandatario estatal.
Pese a la alta tensión mediática, el trámite legislativo quedó congelado debido a recursos de amparo, desacuerdos técnicos en la integración de la carpeta y negociaciones políticas en el Congreso. Finalmente, el procedimiento no prosperó al no consolidarse un dictamen definitivo en la legislatura correspondiente, permitió al dirigente tricolor conservar la protección legal conferida por su cargo parlamentario.
Relación con los medios de comunicación
Durante su gestión al frente del partido se filtraron diversos materiales de audio que impactaron directamente en la opinión pública. Entre las expresiones captadas sobresalen frases donde sugería ahogar económicamente a los medios críticos en lugar de confrontarlos directamente.
“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre“.
La frase célebre fue evidenciada en mayo de 2022 por la gobernadora, Layda Sansores, a través de su programa El Martes del Jaguar, y aunque el dirigente dijo que los audios fueron manipulados y formaban parte de un uso faccioso de la justicia, las declaraciones provocaron un amplio rechazo por parte del gremio y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Varias grabaciones exponían presuntas extorsiones, compras de vehículos superdeportivos marca McLaren, esquemas de triangulación inmobiliaria para adquirir terrenos a precios irrisorios y construir una mansión en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Castillo en su estado natal.
Oposición interna y control del partido
Su pragmatismo y el férreo control que estableció sobre las estructuras operativas del PRI erosionaron la relación con las figuras históricas del partido. Tras encabezar la debacle electoral de la coalición opositora en los comicios de 2021 y 2024, figuras de peso como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri y Francisco Labastida anunciaron públicamente su dimisión y culparon por la debacle a “Alito”.
Lejos de dar un paso al costado, Moreno promovió reformas estatutarias para concentrar las decisiones partidistas y posibilitar la extensión de su mandato al frente del Comité Ejecutivo Nacional hasta 2028. Esta estrategia derivó en la expulsión o renuncia masiva de senadores, exgobernadores y militantes históricos, ahondando la división interna del tricolor.
