Tijuana, B.C., 24 de noviembre de 2025.– El asesinato de la abogada Emilia Ortega Aceves desató una fuerte reacción del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, que responsabilizó a las autoridades estatales por lo que consideran un deterioro crítico de la seguridad y del Estado de Derecho en Baja California. A través de un posicionamiento público, la organización advirtió que el crimen evidencia “la cresta de la peligrosidad e impunidad” que impera en la entidad y afirmó que las fallas institucionales han permitido que este nivel de violencia contra litigantes y ciudadanos continúe sin freno.
En su postura, el Colegio lanzó críticas directas contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusando a su administración de impulsar decisiones que han debilitado la procuración de justicia, particularmente en la designación de fiscales y en la conducción de la estrategia para combatir la inseguridad. Los abogados señalaron que las condiciones actuales no solo impiden el acceso real a la justicia, sino que también vulneran el ejercicio profesional de quienes se dedican a la defensa legal.
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Abogados de BC cuestionan a la conducción de la Fiscalía
El Colegio de Abogados recordó que la administración de Marina del Pilar designó a Ricardo Carpio como fiscal estatal, una decisión que —aseguran— fue tomada pese a sus “nulos resultados y turbias relaciones”. Aunque posteriormente fue reemplazado por María Elena Andrade, la organización sostiene que su gestión permitió que la impunidad se elevara a niveles superiores al 95 por ciento, lo que, a su juicio, dejó a la ciudadanía prácticamente desprotegida frente al crimen.
Los abogados recalcaron que el discurso oficial sobre una supuesta disminución de la incidencia delictiva “no concuerda con la realidad” y acusaron al gobierno estatal de maquillar cifras para construir una narrativa ajena al entorno que enfrentan diariamente los habitantes del estado. Añadieron que las autoridades han fallado en atender temas prioritarios como la crisis de personas desaparecidas y la protección de las víctimas, elementos que consideran indispensables para evaluar la eficacia de cualquier estrategia de seguridad.
Asimismo, calificaron como “un grave error” la reciente reforma constitucional que modificó el mecanismo de designación del fiscal del estado. A su juicio, este cambio debilita los contrapesos institucionales, facilita decisiones discrecionales y complica aún más garantizar que la Fiscalía actúe con independencia y profesionalismo.
Exigen abogados atender la crisis de seguridad ante el homicidio de Emilia Ortega
La organización también denunció que tanto el gobierno estatal como algunos municipios han incurrido en “frivolidad e impericia” al abordar los problemas de seguridad y justicia. De acuerdo con su comunicado, estas prácticas han impedido “enderezar el rumbo” y han derivado en que la violencia y la impunidad alcancen niveles alarmantes.
Los abogados destacaron que el homicidio de su colega no puede considerarse un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de agresiones contra profesionistas del derecho, activistas y ciudadanos que se atreven a denunciar irregularidades o defender causas sensibles. Ante ello, exigieron al gobierno estatal asumir su responsabilidad, corregir la estrategia de seguridad y garantizar que el caso de Emilia Ortega sea investigado de manera inmediata, transparente y sin influencias externas.
Finalmente, el Colegio de Abogados Emilio Rabasa reiteró que la sociedad bajacaliforniana enfrenta un sistema de justicia “colapsado” y pidió a la autoridad estatal abandonar la simulación, reconocer la gravedad de la situación y actuar con firmeza para recuperar la confianza pública y frenar la espiral de violencia que afecta a toda la región.
