Chilpancingo, Gro., 10 de marzo de 2025.- En los más de cuatro años de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, en Guerrero se han impulsado un conjunto de reformas, decretos y políticas públicas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres, prevenir la violencia de género y garantizar la igualdad sustantiva.
Entre las acciones más relevantes destaca la reforma al Artículo 5 de la Constitución estatal, con la que se elevó a rango constitucional el derecho de toda mujer desaparecida a ser buscada de manera inmediata, eliminando trabas burocráticas en los procesos de localización.
En materia legislativa, también se impulsó el paquete conocido como “Leyes Violetas”, dentro del cual se encuentran la Ley Ingrid, que establece sanciones contra la difusión de imágenes de víctimas para evitar la revictimización, y la Ley Camila, que endurece las penas por delitos sexuales y privación de la libertad contra niñas y niños. Asimismo, se estableció la Ley de Bienestar, que garantiza apoyos económicos para jefas de familia como un derecho social permanente.
Durante el primer año de gobierno de Salgado Pineda, se aprobó la reforma al Artículo 159 del Código Penal estatal, mediante la cual se despenalizó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a Guerrero en la octava entidad en garantizar este derecho de forma segura y gratuita.
En ese mismo periodo se impulsó un Paquete de Armonización Legislativa, que incluyó reformas a la Ley 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de garantizar la paridad de género en todo el servicio público y establecer que el presupuesto estatal se asigne con criterios para reducir las brechas de desigualdad.
También se actualizaron disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortaleciendo las órdenes de protección para que sean inmediatas e incorporando nuevas formas de violencia, como la digital y la política. De igual forma, se reformó la Ley 994 de Planeación del Estado de Guerrero, estableciendo como obligatoria la perspectiva de género en los planes de gobierno.
Además, se creó un reglamento para la prevención del hostigamiento y acoso sexual dentro de las oficinas del Poder Ejecutivo y se institucionalizó el uso de manuales de lenguaje incluyente en la comunicación oficial.
En el segundo año de gobierno, fue la Despenalización del Aborto, siendo Guerrero la novena entidad en legislar el acceso al aborto seguro, y se elaboró la Norma Técnica para las Unidades de Policía Especializadas en Violencia contra Mujeres; implementando además la segunda fase de la Iniciativa Spotlight para armonizar los protocolos de atención a víctimas y reeducación de agresores.
Durante el tercer año, la mandataria estatal impulsó la prohibición de las terapias de conversión, tipificando como delito las prácticas que buscan forzar el cambio de orientación sexual. En ese mismo periodo también se publicó el Programa Estatal de Aborto Seguro.
Asimismo, se realizaron adiciones a la Ley de Educación del Estado para garantizar la protección de los derechos de personas con discapacidad y perspectiva de género.
En el cuarto año de gobierno, se reforzó el marco legal con la reforma constitucional que garantiza la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, así como la consolidación de las Leyes Ingrid y Camila y la garantía legal de los apoyos para jefas de familia a través de la Ley de Bienestar.
En materia de salud reproductiva, el programa de Interrupción Legal del Embarazo reportó 131 procedimientos seguros durante este periodo.
El gobierno estatal avanza en el establecimiento de un marco jurídico orientado a la protección de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia de género y la consolidación de políticas públicas con perspectiva de igualdad.
