El legado de la Corte

El próximo 1° de junio asistiremos al sepelio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el máximo tribunal que, en manos de los mejores, vigiló el cumplimiento de nuestra Constitución.

Porque, a partir de ese domingo, los 10 ministros aun en funciones comenzarán el proceso de entrega a los nueve candidatos que resulten más votados en las urnas, sea por su capacidad de acarreo o por contar con el mayor respaldo presidencial y del partido gobernante.

Quedará atrás la historia de una SCJN que intentó ejercer como un poder independiente y autónomo a los mandatarios en turno, aun cuando el gen del autoritarismo buscó siempre someter a su voluntad a los jueces constitucionales.

Y si bien hay relatos que documentan que muchos ministros se doblaron ante el Poder Ejecutivo e intereses particulares, la mayoría preservó hasta el final la capacidad de defender la que, ahora lo sabemos, era una frágil división de podres.

Pero la muerte de las instituciones, como de las personas, no es sinónimo del entierro de sus legados, porque las obras que benefician y sustentan la vida comunitaria terminan siendo reivindicadas por la memoria colectiva. Así ocurre hasta con las dictaduras.

Y ese será el caso de la Corte que acompañó a nuestra generación en la idea de que el Estado mexicano podía ser el resultado de un pacto constitucional que se sustentara en la pluralidad política y en la justicia democrática.

Pero una vez que triunfó en las urnas la hegemonía de una visión a la que le estorban los límites que se le fueron colocando al otrora presidencialismo que a nadie rendía cuentas, el expresidente López Obrador y su heredera política, la presidenta Sheinbaum, lograron en el Poder Legislativo reescribir las reglas de quiénes serán los juzgadores y cómo serán definidos.

Y como éste es un cambio consumado que -al margen de los modos con los que se logró- no tiene vuelta atrás, ha llegado el momento de hablar del legado de la Corte que vamos a despedir.

Más que de sus integrantes en los últimos 30 años, cuyos perfiles serán referente obligado de quienes los estarán relevando a finales de año, tenemos que resguardar el legado de sus sentencias, que no son otra cosa que respuestas a reclamos de justicia negada en otras instancias.

Ahí están las resoluciones protegiendo en distintos momentos el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, y el amparo que la Primera Sala de la Corte le dio a Sergio Aguayo cuando el exgobernador Humberto Moreira demandó que lo indemnizara por daño a su honor, concluyendo los ministros que ello era falso.

Y cómo no valorar las sentencias en contra de leyes estatales que consentían el matrimonio infantil o de ordenamientos hospitalarios que denegaban los servicios por una objeción de conciencia.

Imposible borrar cómo las consideraciones que, ante casos diferentes, presentaron los ministros Luis María Aguilar y Norma Piña para preservar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho a la privacidad y la protección de datos personales

Son decenas de sentencias buscando hacer realidad los compromisos que México tomó ante Naciones Unidas para reconocer los derechos de las comunidades indígenas y consecuentemente, por ejemplo, a ser consultadas cuando se alterarían sus territorios, y a informar en sus lenguas originarias sobre los servicios de salud reproductiva.

Fueron los ministros de esa Corte que se va los que abrieron las aulas y los centros de trabajo para las personas con discapacidad, eliminando prohibiciones que ordenamientos locales tenían al matrimonio, e instruyendo a las autoridades a impulsar la accesibilidad física.

Es el legado singular de una SCJN que interpretó el cumplimiento de la Constitución bajo el cobijo de las convenciones internacionales e introdujo al sistema judicial mexicano a la perspectiva de los derechos sociales y humanos.

En el cierre de esta etapa, la Corte dejará a la nación y al mundo uno de los archivos -en papel y electrónico- más relevantes del país; el primero cuenta con 18 mil metros lineales de documentos que fueron ordenados y resguardados en idóneas condiciones en los últimos años.

Se trata de información sobre vidas humanas que despojadas de su dignidad recurrieron a la SCJN para recuperarla mediante más de 100 mil sentencias que resumen el restablecimiento de los derechos de millones de personas que, en distintas épocas, obtuvieron la justicia que antes se les negó a otras en iguales condiciones.

La lista es larga y se llevaría varias entregas de esta columna: Hombres que lograron en el IMSS e ISSSTE la pensión de viudez que antes sólo fue para las esposas; mujeres que recuperaron el patrimonio común del que fueron despojadas por sus parejas; derechohabientes que recibieron reproducción asistida después de que se eliminó la veda para mayores de 35 años; autoridades obligadas a atender la desaparición forzada; licencias laborales para padres con niños con padecimientos graves; niños con espectro autista inscritos en escuelas; suministro oportuno de medicamentos de VIH/SIDA; el señalamiento de daños al medio ambiente por desechos peligrosos y aguas residuales; el acompañamiento a la diversidad sexual en la manifestación de sus vidas…

De ahí que, en medio de la destrucción institucional, seas una feliz noticia saber que universidades como la UNAM y otras instituciones educativas recibirán un espejo de esas más de 100 mil sentencias, con el propósito de que siempre se pueda conocer los derechos alcanzados que no deben olvidarse. Ni perderse.

¡Cómo regatearle a la SCJN sus aportaciones frente a las violencias contra las mujeres y el delito de feminicidio! ¡Y cómo no reconocerles hoy a los ministros que en los últimos 23 años resolvieron asuntos relacionados con el aborto, heredándonos el derecho a decidir!

Porque ese fue el poder de la Corte que dejaremos atrás, el de abrir caminos donde antes se normalizó la desigualdad, el maltrato, la exclusión, el despojo, el portazo, la irresponsabilidad empresarial, la imposición del dinero y del más fuerte, el machismo, la misoginia y el abuso de poder.