Una nueva propuesta del gobierno de Donald Trump exige que las personas que soliciten una ‘green card’ o residencia permanente en Estados Unidos proporcionen sus perfiles de redes sociales para ser revisados por las autoridades. Esta medida, que ya se aplica a quienes solicitan visas desde el extranjero, afectará también a quienes ya se encuentran legalmente en el país y buscan asilo, residencia permanente o naturalización.
La iniciativa ha recibido duras críticas, principalmente por aquellos que consideran que representa un ataque a la libertad de expresión. Según estimaciones de medios, la propuesta podría afectar entre 2,5 y 3,5 millones de personas al año, muchas de las cuales ya llevan años residiendo legalmente en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) defiende la recolección de redes sociales como una herramienta para “facilitar y ayudar a fundamentar la verificación de identidad, la evaluación, el escrutinio y la verificación de antecedentes” en cuanto a seguridad nacional y pública. Sin embargo, muchos temen que esta medida pueda violar la privacidad y utilizarse para discriminar a ciertos solicitantes, especialmente aquellos con opiniones políticas contrarias a las del gobierno.
El gobierno enmarca esta propuesta dentro de la orden ejecutiva de Trump denominada “Proteger a EEUU de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”, la cual ya ha generado controversia y demandas judiciales debido a su amplio alcance.
Grupos como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas han expresado preocupación por el impacto que podría tener esta política en solicitantes musulmanes y árabes, especialmente aquellos que han expresado apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino. Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales de la organización, afirmó que la recolección de datos en redes sociales es una forma de silenciar el discurso legítimo.
La propuesta llega en un momento crítico, tras detenciones y deportaciones controvertidas, como la de Mahmoud Khalil, activista palestino, y la doctora libanesa Rasha Alawieh, quienes enfrentaron represalias por sus opiniones políticas y su activismo.
La medida sigue siendo objeto de debate público, con comentarios abiertos hasta el 5 de mayo, y podría cambiar el panorama para millones de solicitantes de residencia y ciudadanía en Estados Unidos.
