Ricardo Monreal propone reforma para garantizar cancelación efectiva de tarjetas bancarias y comerciales

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, impulsa una iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de regular la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales.

La propuesta se sustenta en tres ejes fundamentales:

1. Acceso amplio y expedito a la cancelación
   Toda persona podrá cancelar su tarjeta mediante canales presenciales, telefónicos o digitales, sin importar su ubicación o acceso tecnológico. “Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”, afirmó Monreal.
2. Plazo máximo de tres días hábiles
   La cancelación deberá concretarse sin costos, comisiones ni penalizaciones, en un máximo de tres días hábiles. Se busca erradicar trámites excesivos y prácticas que desgastan al usuario.
3. Protección frente a prácticas indebidas
   Se declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, se prohíbe la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y se obliga a reembolsar cualquier cobro indebido. “La responsabilidad recae en el emisor, nunca en el cliente”, subrayó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, seis de cada diez adultos en México cuentan con tarjeta de débito, y circulan más de 37 millones de tarjetas de crédito con un saldo superior a 630 mil millones de pesos. Sin embargo, persisten obstáculos para cancelar productos financieros: en 2024, la Condusef registró más de 250 mil reclamaciones, de las cuales más de 7 mil fueron solicitudes de cancelación no atendidas.

Monreal Ávila enfatizó que la iniciativa busca garantizar que los derechos reconocidos en la ley se cumplan en la práctica, respetando la autonomía de la voluntad y fortaleciendo la confianza en las instituciones. “Las instituciones deben estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de las instituciones”, concluyó.