Un juzgador de distrito decretó la absolución de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada, una resolución que le permitiría su salida del Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Morelos tras un periodo de reclusión de nueve años.
La sentencia absolutoria fue dictada este jueves por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xochitepec, Morelos, quien notificará el engrose formal del expediente en las próximas jornadas.
Con este fallo, el exmandatario estatal se encuentra en condiciones de activar la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por el resguardo domiciliario, una medida cautelar que un tribunal de Almoloya de Juárez, Estado de México, le otorgó desde hace tres años dentro de la causa penal que aún se mantiene por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cuándo podría comenzar la prisión domiciliaria Borge?
La ejecución del traslado de Roberto Borge Angulo hacia su domicilio particular se fundamenta en el cumplimiento previo del pago de la fianza fijada por la autoridad judicial para la modificación de sus medidas cautelares. Debido a la cobertura de este requisito económico y a la ejecutoria dictada en Morelos, las proyecciones técnicas de su defensa estiman que la liberación y el traslado se concretarán a más tardar este 29 de mayo.
A la par del juicio federal por lavado de dinero, la trayectoria judicial del exfuncionario sumó diversos expedientes en el fuero común de Quintana Roo.
Las fiscalías locales mantuvieron imputaciones en su contra por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública; no obstante, la vigencia legal de dichos procesos concluyó de manera anticipada, por lo que ninguna de las acusaciones estatales permanece activa.
Esto es lo que debes saber sobre el caso del exgobernador Borge
Roberto Borge Angulo ejerció el Poder Ejecutivo en Quintana Roo durante el periodo constitucional de 2011 a 2016. Su detención ocurrió el 4 de junio de 2017 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, en los momentos previos a abordar una aeronave comercial con destino a Francia.
Tras la aprobación de su solicitud de extradición por las autoridades panameñas en enero de 2018, la Fiscalía General de la República formalizó su vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero.
El expediente imputa al exgobernador la presunta enajenación y desvío de 24 predios de la reserva territorial de Quintana Roo a precios inferiores a su valor comercial, operaciones comerciales dirigidas a familiares y presuntos prestanombres que generaron un menoscabo financiero al erario público.
