El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó formalmente las acusaciones de narcotráfico y delitos de armas presentadas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
A través de un pronunciamiento público en sus redes sociales, el mandatario estatal calificó los señalamientos como una calumnia y una ofensiva que trasciende su cargo, al enmarcarla dentro de una supuesta estrategia para vulnerar el orden constitucional de México.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, sostuvo el ejecutivo sinaloense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó en el pliego de cargos a otros nueve funcionarios y excolaboradores de la entidad, a quienes la Agencia Antidrogas (DEA) vincula directamente con la protección operativa del Cártel de Sinaloa.
Señalamientos de corrupción y redes de protección
La acusación federal, asignada a la jueza Katherine Polk Failla, sostiene que el grupo de diez funcionarios utilizó sus puestos de confianza para facilitar el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense. Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que el Cártel de Sinaloa se vale del soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios.
“Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”, puntualizó el funcionario estadounidense.
Junto a Rubén Rocha Moya, el documento identifica a figuras clave de la administración pública local, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérida Sánchez, además de individuos con alias como “Cholo”, “Tornado” y “Juanito”. El fiscal Jay Clayton subrayó que el respaldo de autoridades extranjeras al tráfico de drogas debe terminar, enviando un mensaje sobre el compromiso de llevar ante la justicia a funcionarios de cualquier nivel jerárquico.
Defensa política y trayectoria del mandatario
En su defensa, el gobernador nacido en Badiraguato y formado académicamente en la UNAM y la UAS, argumentó que este proceso legal se inscribe en una “perversa estrategia” para violentar la soberanía nacional.
En su cuenta de la plataforma X, el todavía gobernador afirmó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
