Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que el estado de San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional en la reducción de homicidios dolosos. Con una caída del 80.8 por ciento en el promedio diario de este delito durante el primer cuatrimestre del año, la entidad potosina se posicionó a la vanguardia entre las 26 entidades federativas que mostraron cifras a la baja en este rubro respecto al mismo periodo de 2025.
Bajo esta comparativa estadística, el estado superó ampliamente a Zacatecas, entidad que obtuvo el segundo puesto con una reducción de 61.8 puntos porcentuales. Los datos oficiales también destacan que, específicamente durante el mes de abril, San Luis Potosí se consolidó como la sexta entidad del país con menor número de homicidios dolosos, lo que marca una tendencia de estabilidad en la región central del territorio mexicano.
Estrategia integral y reconstrucción del tejido social
La actual administración estatal, encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, atribuye estos resultados a la implementación de un modelo de seguridad que trasciende las medidas convencionales de disuasión y combate frontal a la delincuencia. El esquema actual prioriza la reconstrucción del tejido social como eje central para la pacificación de las zonas con mayor conflicto, bajo la premisa de que la paz social depende de la atención a las causas estructurales de la violencia.
Este plan de trabajo incluye la recuperación masiva de espacios públicos y el rescate de la infraestructura urbana en diversos municipios. De acuerdo con los lineamientos de la Estrategia Integral de Seguridad Pública, estas acciones físicas se acompañan de programas transversales para cerrar las brechas de desigualdad, tales como la generación de empleos y el fortalecimiento de la oferta educativa en sectores vulnerables.
Políticas públicas contra la desigualdad
El modelo potosino sostiene que el combate a la criminalidad requiere alternativas reales para la población joven y las comunidades marginadas. Por ello, el gobierno estatal mantiene una política de entrega de becas educativas y apoyos sociales directos. El objetivo es ofrecer herramientas que eviten el reclutamiento forzado o voluntario por parte de grupos delictivos, al tiempo que se fomenta la estabilidad económica familiar.
