Ciudad de México.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó ante el Congreso de la Unión una serie de propuestas de modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF) con el objetivo de cerrar el cerco legal contra las llamadas “empresas factureras” y reforzar la integridad del sistema tributario nacional.
De acuerdo con el titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, las reformas forman parte del paquete económico 2026 y buscan fortalecer la justicia fiscal y garantizar un “piso parejo” en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“El objetivo es proteger los ingresos públicos y asegurar que nadie se beneficie de la evasión fiscal mediante esquemas simulados. Las nuevas disposiciones permitirán actuar con mayor rapidez y contundencia frente a quienes defraudan al Estado”, señaló Martínez Dañino.
Procedimiento abreviado y baja inmediata de sello digital
Entre las medidas más relevantes, destaca la creación de un procedimiento abreviado de hasta 24 días para verificar operaciones sospechosas y la baja inmediata del sello digital de facturación desde el inicio del proceso.
Con ello, se busca impedir que las empresas continúen emitiendo comprobantes fiscales falsos mientras son investigadas.
Además, se propone que socios, accionistas o representantes legales implicados en la venta de facturas falsas no puedan registrar nuevas empresas ante el SAT.
En el caso de los compradores, se otorgará un plazo breve para corregir su situación fiscal; de no hacerlo, también se les retirará el sello de facturación.
Prisión preventiva y endurecimiento penal
El SAT plantea que la emisión y compraventa de facturas falsas sea tipificada como delito que amerite prisión preventiva oficiosa, reforzando la reforma constitucional de 2019 que ya considera esta práctica un delito grave contra el fisco federal.
Cambios al RFC y la firma electrónica
El paquete de reformas incluye también ajustes al proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y en la obtención de la firma electrónica avanzada (e.firma).
Ahora se exigirá la comprobación del domicilio fiscal real del contribuyente y se establecerá un lapso mínimo entre la asignación del RFC y la entrega de la e.firma, con el fin de evitar la creación inmediata de empresas fachada.
Según el SAT, estas medidas buscan prevenir la constitución de empresas fantasma, utilizadas recurrentemente para simular operaciones y lavar dinero.
Coordinación institucional
Martínez Dañino subrayó que las disposiciones no buscan obstaculizar la actividad empresarial legítima, sino garantizar un sistema tributario justo, transparente y equitativo, donde las empresas formales compitan sin desventajas frente a quienes utilizan mecanismos ilegales para evadir impuestos.
El organismo fiscal informó que continuará trabajando con el Congreso de la Unión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación para reforzar los mecanismos de detección y sanción a los esquemas de facturación fraudulenta.