Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal con 23 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y seis abstenciones del PAN, PRI y MC.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
Se actualizaron definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
La reforma, añadió, amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, además de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo.
Además, afirmó, prevé medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas; incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.
Javier Corral indicó que el dictamen fue enriquecido con las propuestas derivadas del parlamento abierto que se llevó a cabo en enero del presente año y en donde participaron la Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el Colegio Nacional de Correduría Pública, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la World Compliance Association, entre otras.
El senador refirió que derivado de las inquietudes expresadas públicamente por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, se incorporó una disposición transitoria específica que reconoce su naturaleza no lucrativa, su bajo nivel de riesgo y sus limitadas capacidades operativas, elementos que las diferencian de los sujetos mercantiles tradicionales.
“Este transitorio permitirá una implementación gradual diferenciada acompañada por las autoridades competentes, garantizando un programa oficial de capacitación y orientación diseñado específicamente para las organizaciones de la sociedad civil, la aplicación de medidas simplificadas de cumplimiento, acordes con su perfil de riesgo real y la emisión de lineamientos técnicos diferenciados respetando la libertad de asociación y la protección del espacio cívico, en apego a la recomendación número 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional”, detalló.