El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en Guatemala por 30 días debido a una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó motines en centros carcelarios, toma de rehenes y ataques armados contra fuerzas de seguridad, con un saldo de ocho policías muertos en distintos puntos del país.
En un mensaje a la nación, el mandatario señaló que las agresiones buscaron infundir temor en la población y afirmó que no definirán el rumbo del país.
“No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país”, expresó, al anunciar la medida de excepción con alcance nacional.
Alcances del estado de sitio en Guatemala
Arévalo explicó que el decreto tiene como objetivo “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” y permitirá el uso de “toda la fuerza del Estado”, con participación de la Policía Nacional Civil y el Ejército, para contener acciones atribuidas a pandillas.
El presidente precisó que la medida no modificará la vida cotidiana ni el funcionamiento de instituciones públicas y privadas, tampoco la movilidad ni procesos políticos en curso, incluida la elección del Poder Judicial. Indicó que las clases se suspenderán únicamente el 19 de enero como acción preventiva.
“La aplicación del Estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población”, dijo.
De forma paralela, fuerzas conjuntas se desplegaron en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia, proteger infraestructura crítica y prevenir nuevos ataques coordinados en zonas urbanas y carreteras.
Motines carcelarios y ataque contra policías de Guatemala
El gobierno de Guatemala responsabilizó a pandilleros de los ataques que derivaron en la muerte de ocho agentes, tras la negativa oficial a negociar el traslado de cabecillas a cárceles de menor seguridad.
Las autoridades atribuyen los hechos a integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones señaladas por delitos como sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
Dichos asesinatos ocurrieron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas, en su mayoría custodios, en tres prisiones.
Este domingo, las autoridades retomaron el control del penal de Renovación I, en Escuintla, y liberaron a nueve custodios. El Ministerio de Gobernación informó que el operativo concluyó sin bajas.
La Policía Nacional Civil reportó además 10 agentes heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos por los ataques registrados en la capital y zonas aledañas.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó: “No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios”.
Persisten 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II y nueve más en Preventivo, al oriente y periferia de la capital, respectivamente. Villeda reconoció contactos para su liberación y sostuvo que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, indicó que el Ejército mantendrá presencia en las calles. “El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, afirmó.
El director de la Policía, David Custodio, señaló que los agentes actuarán con apego a derechos humanos y podrán defender la vida de la población si la situación lo exige.
La embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal resguardarse y evitar multitudes, mientras el Ejecutivo convocó a un gabinete de emergencia para definir acciones de seguridad ante el contexto de violencia.
Con información de agencias | RB
