El pleno del Senado de la República aprobó este martes, por unanimidad de 109 votos, una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca establecer un marco jurídico nacional que unifique los tipos penales, las agravantes y las sanciones para este delito en las 32 entidades federativas.
Dicha modificación al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como objetivo central eliminar la disparidad que impera en los códigos penales estatales. Con este cambio, el Estado mexicano pretende obligar a las fiscalías y ministerios públicos a actuar bajo protocolos profesionales y homogéneos para frenar los índices de impunidad que rodean a la violencia letal contra las mujeres.
Hacia una investigación obligatoria y protocolos uniformes
La reforma, ahora turnada a la Cámara de Diputados para su revisión, sienta las bases para que cualquier muerte violenta de una mujer se investigue de manera inicial bajo la perspectiva de género.
Durante la sesión, la senadora Beatriz Mojica Morga, del partido Morena, enfatizó que la creación de esta ley secundaria pondrá orden en un sistema donde las penas y criterios de investigación varían drásticamente de un estado a otro.
Por su parte, la legisladora Sasil de León Villard subrayó que el nuevo marco constitucional permitirá que, en los próximos meses, se consoliden penas idénticas en regiones tan distantes como Chiapas, Sonora o Michoacán.
“Que esta reforma constitucional sea el inicio de una batalla frontal contra los feminicidas y la impunidad que el actual marco les permite”, señaló la senadora.
Exigencia de presupuesto y estrategia integral
Pese al consenso en la votación, el debate parlamentario incluyó reclamos sobre la operatividad de la norma. Cristina Ruíz Sandoval, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó el respaldo de su bancada a la reforma, pero condicionó el éxito de la misma a la asignación de recursos reales y especialistas.
La senadora demandó una estrategia política que trascienda el cambio legislativo para traducirse en protección efectiva.
