La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que José Ángel Gurría, quien desempeñó la titularidad de Nacional Financiera (Nafin), percibe una pensión mensual de 120 mil pesos derivada de su gestión en dicho organismo.
El señalamiento ocurre en el marco de la propuesta de reforma constitucional que busca eliminar las denominadas “pensiones doradas” en el servicio público.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la acumulación de ingresos del exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar desproporcionado el cobro de esta prestación mientras ocupaba un cargo de relevancia internacional.
Los cuestionamientos a las percepciones en Nafin y la OCDE
Sheinbaum subrayó que la información sobre los ingresos de José Ángel Gurría es ahora de carácter público y adelantó que su gobierno evaluará la entrega de mayores detalles sobre estos pagos.
En su intervención, Sheinbaum contrastó el retiro obtenido en la banca de desarrollo mexicana con las remuneraciones percibidas por el economista en el extranjero.
“Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, acotó la mandataria.
Asimismo, cuestionó la ética detrás del cobro simultáneo: “¿Cuánto ganaría como director de la OCDE?”, expresó tras calificar como un abuso la vigencia de la pensión durante su mandato en el organismo con sede en París.
Alcance de la reforma: funcionarios de confianza y casos bajo investigación
La jefa del Ejecutivo Federal precisó los alcances de la iniciativa de modificación constitucional.
Aclaró que la reducción de haberes de retiro no afectará al personal de las Fuerzas Armadas.
El objetivo de la propuesta, detalló, son los funcionarios públicos de confianza que acumularon pensiones injustificadas tras periodos breves de servicio en la administración pública.
En este contexto, Sheinbaum también se refirió al caso de María Amparo Casar. Afirmó que su percepción deberá ajustarse al tope máximo que se establezca en la nueva legislación.
Respecto a la situación jurídica de Casar, la presidenta puntualizó que el procedimiento legal correspondiente se mantiene bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR).
RB
