El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa una reforma constitucional histórica: la creación de una ley general de feminicidio. Esta iniciativa busca homologar la tipología penal en las 32 entidades del país, garantizando que el asesinato de mujeres por razones de género se investigue, sancione y repare bajo los mismos criterios y protocolos, sin importar la región donde ocurra el crimen.
Durante la presentación del proyecto, la mandataria explicó que la propuesta pretende facultar al Congreso para emitir una normativa nacional que obligue a todas las fiscalías a trabajar bajo un marco común. Según Sheinbaum, el objetivo central es erradicar la impunidad y establecer políticas públicas de prevención robustas que frenen la violencia extrema contra las mujeres.
Penas severas y agravantes en el nuevo marco legal
La nueva legislación propone un castigo ejemplar para los agresores, con sentencias que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión, además de multas económicas significativas. El proyecto identifica 21 agravantes que podrían elevar las condenas; entre ellas destacan que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, periodista, defensora de derechos humanos o se encuentre en estado de gestación. También se considerará agravante si el victimario es un servidor público o si el cuerpo presenta signos de violencia sexual.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, enfatizó que esta medida es una respuesta a una deuda histórica con las familias de las víctimas. Para la fiscal, el feminicidio exige la reconfiguración de las fiscalías. Bajo este nuevo esquema, se reconocerán contextos de asimetría de poder y antecedentes de violencia como pruebas contundentes de que el crimen fue cometido por razones de género.
Un modelo probado contra la impunidad
La propuesta no contempla unicamente la pena de cárcel. El paquete de sanciones incluye la inhabilitación de cargos públicos, la pérdida de derechos hereditarios y la revocación de la patria potestad o custodia de menores a cargo del agresor. Sheinbaum señaló que este modelo se basa en el éxito obtenido previamente en la Ciudad de México, donde se logró reducir los márgenes de impunidad gracias a protocolos de investigación más estrictos.
A pesar de que las cifras oficiales muestran una reducción respecto al pico de violencia de 2021, la realidad sigue siendo alarmante. Datos del Inegi indican que en 2024 se registraron más de 1,500 casos de feminicidio, entre delitos consumados y tentativas.
Expertos de la UNAM advierten que el reto es mayúsculo, pues actualmente solo el 15% de los casos que llegan a las fiscalías logran ser judicializados, lo que subraya la urgencia de esta unificación legal.
