La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno prepara modificaciones legales para impedir que jueces y ministros liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas sin un juicio de fondo. La medida busca evitar que recursos vinculados a delitos como lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada sean puestos a disposición mediante resoluciones judiciales sin el análisis completo de la evidencia.
Según explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, se plantea modificar la Ley de Amparo y leyes de procedimiento para garantizar que siempre se realice un juicio de fondo que demuestre la procedencia ilícita de los recursos antes de liberarlos. “Cuando se demuestra que hay lavado de dinero o delitos de cuello blanco, no pueden liberarse las cuentas sin un análisis riguroso, porque ello equivale a corrupción”, afirmó.
La LPB, herramienta preventiva de la UIF, ha incluido a 7,815 sujetos entre 1 de diciembre de 2018 y marzo de 2025, mientras que 1,270 han sido desincorporados. Actualmente, 6,545 sujetos continúan en la lista, lo que ha permitido a las instituciones financieras bloquear más de 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros.
La presidenta subrayó que la reforma es fundamental para evitar que, por mala interpretación de la UIF, se liberen recursos que continúan financiando actividades ilícitas. Asimismo, se mencionó el caso de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes podrían utilizar el sistema financiero sin restricciones tras ser eliminados de la LPB, pese a contar con órdenes de aprehensión. La medida busca proteger la economía nacional y reforzar la integridad del sistema financiero.