La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al proceso de consulta para la creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos originarios del país.
Antes de que el proyecto sea enviado al Congreso de la Unión, el Gobierno federal recorrerá 16 mil 728 comunidades para escuchar opiniones, propuestas y observaciones de quienes serán los principales beneficiarios de la legislación.
Durante la conferencia matutina, la mandataria firmó la convocatoria oficial que marca el arranque de este ejercicio, considerado inédito por el alcance de la participación comunitaria. La consulta será coordinada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
¿Qué busca la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos?
La iniciativa tiene como propósito reconocer plenamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer de manera efectiva su autonomía y participar en las decisiones de interés nacional.
“El objetivo del proceso de esta consulta es recibir opinión y sugerencias, planteamientos sobre la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de los titulares de esta ley” (…) “Esta ley fue construida, como ya se explicará más adelante por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo, llegó el momento de consultar a sus titulares”, reveló la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.
La propuesta deriva de la reforma al Artículo 2 de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, y busca establecer un marco legal que garantice la protección, promoción e implementación de sus derechos.
En total, el proceso contempla la participación de 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, más de 16 mil comunidades y alrededor de 8 millones de personas, lo que representa el 20.5% de la población del país.
¿Cómo se llevará a cabo la consulta?
La consulta se desarrollará en cinco etapas y arrancará oficialmente el 1 de julio con la fase informativa, la cual concluirá el 6 de agosto. Durante este periodo, autoridades federales visitarán las comunidades registradas en el catálogo nacional para explicar el contenido de la iniciativa mediante materiales elaborados por el INPI.
Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, cada comunidad analizará la propuesta conforme a sus propios sistemas normativos y formas tradicionales de organización.
Como parte de este proceso también se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro, donde se recopilarán planteamientos y propuestas adicionales.
Las observaciones obtenidas serán revisadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre para determinar cuáles se incorporarán al proyecto final. La intención del Gobierno federal es que la presidenta envíe la iniciativa al Congreso el 12 de octubre, fecha conmemorativa del Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.
¿Qué temas contempla la iniciativa?
El proyecto de ley está organizado en ocho apartados que abarcan distintos aspectos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:
- Reconocimiento de los pueblos como sujetos de derechos.
- Libre determinación y autonomía.
- Derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.
- Protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes.
- Atención a personas migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
- Derecho a la consulta.
- Distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno.
- Responsabilidades, delitos y mecanismos de protección jurídica.
Además de las dependencias organizadoras, en el proceso participarán 21 instituciones federales, así como un comité técnico asesor integrado por representantes de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y observadores acreditados.
