La validez de las 105 plazas firmadas por Marx Arriaga Navarro en la Dirección General de Materiales Educativos se encuentra bajo el escrutinio del Poder Ejecutivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que la nueva titular del área deberá evaluar la legitimidad de dichos nombramientos, los cuales fueron autorizados por el exfuncionario mientras permanecía atrincherado en sus oficinas.
El conflicto administrativo radica en la cronología del relevo institucional. De acuerdo con registros oficiales, Nadia López García entró en funciones como sucesora de Arriaga el 16 de febrero.
Sin embargo, fue hasta el día siguiente, el 17 de febrero, cuando el exdirector firmó los documentos para otorgar puestos fijos a colaboradores que anteriormente laboraban bajo el esquema de honorarios.
La defensa de Marx Arriaga y el vacío de autoridad
Durante un encuentro con medios de comunicación el 17 de febrero, el propio Marx Arriaga reconoció la suscripción de los expedientes. Al ser cuestionado sobre la cantidad de nombramientos realizados antes de desalojar el inmueble de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el exfuncionario detalló el procedimiento:
“Ciento cinco compañeros. Era un procedimiento que no inició hoy, era un procedimiento que llevaba meses, solamente era regularizar la última firma. Sin esa firma, los expedientes se podrían trabar”, sostuvo.
Pese a este argumento, la presidencia de la República evitó ratificar la vigencia de los puestos. Al ser interrogada sobre si dichas plazas tienen validez jurídica, Claudia Sheinbaum se limitó a señalar: “Vamos a ver, ya se revisará por parte de la nueva titular”.
Riesgos jurídicos y administrativos
La firma de documentos oficiales tras el cese formal de funciones plantea un escenario de vulnerabilidad legal para el exdirector de Materiales Educativos.
Según análisis jurídicos previos sobre el caso, la emisión de estos nombramientos fuera del periodo de gestión podría encuadrar en el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, tipificado en el Código Penal Federal.
La irregularidad reside en que Marx Arriaga ya contaba con una notificación de despido y su reemplazo ya había sido designada oficialmente antes de que los 105 expedientes recibieran su rúbrica.
El futuro laboral de los beneficiarios permanece en suspenso hasta que la nueva administración de la SEP determine si las firmas se realizaron dentro de las facultades legales del emisor o si el proceso debe ser anulado.
RB
