El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden de emergencia dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para liberar el pago inmediato de los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).
La medida busca mitigar el colapso operativo en las terminales aéreas, derivado de un estancamiento presupuestario en el Congreso que suma ya 36 días y mantiene a miles de trabajadores sin percibir su salario.
A través de sus canales oficiales, el mandatario aseguró que instruiría al secretario Markwayne Mullin para ejecutar la transferencia de recursos, una acción que desafía la facultad exclusiva del Poder Legislativo sobre el gasto federal.
“Voy a firmar una Orden que instruye al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague de inmediato a nuestros Agentes de la TSA para atender esta Situación de Emergencia, y detener rápidamente el Caos Demócrata en los Aeropuertos”, declaró Trump.
El trasfondo del conflicto es la falta de financiamiento para el DHS desde el pasado 14 de febrero, debido a la negativa de la bancada demócrata de liberar fondos en protesta por las políticas de aplicación de la ley de inmigración.
Despliegue del ICE en terminales estratégicas
Como parte de la misma estrategia de intervención, Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los principales aeropuertos del país desde el 23 de marzo.
De acuerdo con las directrices de la Casa Blanca, estos oficiales realizarán labores de seguridad bajo la consigna de “objetivos específicos”, sin facultades para la revisión de equipajes o pasajeros de forma ordinaria.
La medida impacta directamente a 13 aeropuertos internacionales, la mayoría ubicados en ciudades bajo gobiernos del Partido Demócrata, entre los que destacan:
- Nueva York: John F. Kennedy y LaGuardia.
- Chicago: Aeropuerto Internacional O’Hare.
- Atlanta: Hartsfield-Jackson.
- Otros puntos: Houston (Hobby), Newark, Phoenix (Sky Harbor), Filadelfia y San Juan de Puerto Rico.
El nudo legislativo y la seguridad nacional
La parálisis presupuestaria se originó tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales a principios de año, evento que detonó la exigencia demócrata de reformar las políticas de inmigración.
Republicanos han rechazado proyectos de ley independientes que buscan fondear la TSA sin abordar la totalidad de las operaciones del DHS.
Pese a los cuestionamientos sobre la autoridad legal de la presidencia para eludir al Congreso en materia de gasto, Donald Trump defendió la unilateralidad de su decisión como una necesidad ante la escasez de personal y los tiempos de espera críticos para los viajeros.
“Trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nunca antes se ha visto”, dijo en su momento el republicano.
Hasta el momento, no existe una fecha definida para el retiro de las fuerzas de migración de las zonas civiles de los aeropuertos ni una resolución clara sobre la legalidad de los pagos emitidos por orden ejecutiva en ausencia de una ley de ingresos aprobada.
