Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La resolución judicial deriva de las investigaciones en torno a la contratación de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que generó erogaciones millonarias sin haber sido concretado.
De acuerdo con la determinación judicial, el proceso contra el también exsenador y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad se establece en calidad de coautor con dolo.
La imputación señala que, durante su administración, se contrató a la empresa Next Energy para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana mediante un esquema financiero que comprometía las participaciones federales del estado.
¿Cuál es el caso por el que se le señala a Jaime Bonilla?
El convenio suscrito con Next Energy estipulaba el pago de aproximadamente 123 millones de pesos mensuales durante un periodo de 30 años.
Pese a que la infraestructura nunca se construyó, el Gobierno del Estado realizó pagos bajo este esquema, el cual utilizaba las garantías federales entregadas a la entidad como sustento del financiamiento.
Durante una audiencia que se prolongó por casi 23 horas, la representación legal de Jaime Bonilla presentó diversos argumentos para desestimar las acusaciones. La defensa sostuvo que los pagos mensuales a la empresa ocurrieron con posterioridad a octubre de 2021, fecha en la que el político morenista dejó la titularidad del Ejecutivo estatal.
¿Qué dice la defensa de Jaime Bonilla?
Los abogados del exmandatario señalaron que el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades no resulta aplicable en este caso. Según su exposición, dicha conducta se relaciona con la adquisición de créditos fiscales, mientras que el proyecto fotovoltaico consistió en un contrato plurianual para la prestación de un servicio.
Asimismo, la defensa cuestionó la competencia de la instancia investigadora. Los representantes de Jaime Bonilla puntualizaron que, al tratarse de imputaciones vinculadas con presuntos actos de corrupción, el expediente debió quedar bajo el resguardo de la fiscalía anticorrupción y no de otra área de la Fiscalía General del Estado.
TEJA emite sanción grave contra Jaime Bonilla
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre de 2025, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) notificó una sentencia que inhabilita al exgobernador de Baja California para ocupar cargos públicos durante los próximos tres años.
La resolución judicial vincula esta sanción a las irregularidades detectadas en el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy en Mexicali, una de las obras insignias de su trienio que nunca se concretó.
Gabriela Monge Pérez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de la entidad, confirmó que el tribunal emitió cinco resoluciones distintas sobre este expediente. La funcionaria calificó la determinación como una sanción grave, producto de investigaciones iniciadas al comienzo de la actual administración.
El costo de un proyecto “lesivo”
La planta fotovoltaica, impulsada por la administración de Jaime Bonilla entre 2019 y 2021 bajo el argumento de combatir el desabasto energético, fue cancelada por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. La actual gestión consideró el contrato como lesivo para las finanzas estatales, pues comprometía el pago de 37 mil millones de pesos a lo largo de tres décadas y afectaba directamente las participaciones federales de Baja California.
Aunado a la carga financiera, autoridades federales ratificaron en su momento que la obra carecía de los permisos regulatorios necesarios para su operación. Esta situación derivó en un conflicto legal que en 2022 provocó la retención bancaria de 123 millones de pesos pertenecientes al estado como parte de un primer pago.
