Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.
La resolución judicial, derivada de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, establece un periodo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Durante este lapso, tanto la representación social como la defensa del imputado deberán aportar las pruebas definitivas antes del cierre de la instrucción.
Mientras tanto, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que asegura la permanencia del exfuncionario en un centro de reclusión de alta seguridad.
Comparecencia desde “El Altiplano”
A diferencia de otros procesos de exservidores públicos estatales, el caso de Hernán Bermúdez Requena se tramita bajo estrictos protocolos de seguridad federal.
El exjefe policial, a quien informes de inteligencia vinculan con el liderazgo del grupo criminal identificado como “La Barredora” —donde presuntamente utilizaba el alias de “Comandante H”—, compareció ante la autoridad judicial mediante videoconferencia.
Su participación en la audiencia se realizó desde el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México.
La reclusión en un penal de máxima seguridad obedece al perfil de peligrosidad y a la naturaleza de los delitos que se le imputan, los cuales trascienden el ámbito del fuero común para tocar estructuras de la delincuencia organizada y graves violaciones a los derechos humanos.
¿Hernán Bermúdez podría pasar hasta 60 años de prisión?
El panorama jurídico para el exsecretario de Seguridad es complejo. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, las sanciones para este tipo de conductas son de las más severas en el catálogo penal mexicano. De acreditarse su culpabilidad en el juicio, Hernán Bermúdez Requena podría enfrentar una condena mínima de 40 años y una máxima de 60 años de prisión.
Existen, además, agravantes que podrían elevar la pena de manera significativa. La legislación vigente establece que la sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando se comprueba que la víctima es del sexo femenino. Asimismo, por su calidad de servidor público al momento de los hechos, la sentencia incluiría la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública por un lapso que podría alcanzar el doble del tiempo de la privación de la libertad impuesta.
Presunción de inocencia y transparencia institucional
Pese a la contundencia de la vinculación a proceso y los señalamientos que lo ligan con estructuras delictivas en el sureste mexicano, la Fiscalía General del Estado subrayó que el proceso se rige bajo los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En su comunicado oficial, la dependencia fue enfática sobre el estatus legal del imputado:
“De acuerdo con el Artículo 13 del CNPP, Hernán “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, señaló.
