Durante el año pasado, el ecosistema empresarial en México enfrentó un panorama sumamente complejo marcado por la incidencia delictiva. Según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), uno de cada cuatro negocios en territorio nacional fue blanco de algún ilícito. Esto se traduce en aproximadamente 1.4 millones de establecimientos afectados por delitos que van desde:
- Extorsión.
- Robo hormiga.
- Asaltos directos.
El sector comercial y de servicios concentró una parte importante de esta problemática, mostrando que la criminalidad cotidiana representa un desafío constante para la viabilidad de los negocios. Para los empresarios, estas condiciones no solo implican pérdidas materiales directas, sino que también alteran de forma significativa la planeación operativa y la tranquilidad para desarrollar sus actividades comerciales cotidianas en diversas regiones del país, cuyo impacto económico ascendió a 115 mil 100 millones de pesos, equivalente al 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB).
Costos económicos y medidas de protección
Frente a este contexto de inseguridad, los dueños de los negocios se han visto obligados a destinar recursos financieros considerables para salvaguardar su patrimonio. El costo total de la delincuencia para las empresas ascendió a cifras multimillonarias, a lo que se suma el gasto sostenido en la adquisición de sistemas de seguridad privada, tales como:
- Cámaras de vigilancia.
- Alarmas.
- Cerraduras reforzadas.
- Contratación de personal de custodia.
La necesidad de proteger la mercancía, tanto en las instalaciones comerciales como durante su traslado por carreteras e infraestructura logística, representa un gravamen adicional que afecta la economía interna del país. El organismo reportó que los negocios tuvieron que desembolsar 58 mil 900 millones de pesos exclusivamente para resguardar sus instalaciones y operaciones, lo que representó un costo promedio de 44 mil 560 pesos por establecimiento afectado.
Cifra oculta y falta de denuncias ante asaltos
Uno de los datos más alarmantes que arrojó el informe estadístico es la magnitud de la cifra oculta, la cual alcanzó el 91.8%. Este indicador refleja que la gran mayoría de los delitos cometidos contra las unidades económicas no se denuncian formalmente ante las instancias ministeriales o bien no derivan en la apertura de una carpeta de investigación oficial.
Entre los principales motivos que desalientan la denuncia se encuentran:
- Desconfianza en las instituciones.
- Percepción de impunidad.
- Largos trámites burocráticos.
Como consecuencia, miles de eventos ilícitos quedan fuera de los registros ministeriales oficiales, perpetuando un ciclo donde las empresas prefieren asumir las pérdidas o implementar medidas de protección por cuenta propia antes que buscar un proceso de procuración de justicia que rara vez arroja resultados favorables, pese a los esfuerzos institucionales.
La percepción de inseguridad predomina y el sector productivo demanda estrategias más efectivas que garanticen un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico.
