Autoridades federales detuvieron este martes a Mauro Antonio “N”, director de Tránsito y Movilidad del municipio de Iguala, Guerrero, por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
La captura de Mauro Antonio “N” fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que informó que el funcionario es investigado por delincuencia organizada.
El vínculo con el teléfono de un normalista
De acuerdo con las indagatorias, Mauro Antonio “N” habría utilizado el equipo telefónico de uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 27 de septiembre de 2014, fecha en que desaparecieron los 43 normalistas en Iguala.
Esa línea de investigación lo colocó en el radar de la Fiscalía General de la República, particularmente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que obtuvo una orden judicial para intervenir un inmueble vinculado al ahora detenido.
Cateo en Iguala y aseguramientos
La detención se realizó durante un operativo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala.
En el lugar fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga, según el reporte oficial. El inmueble quedó bajo resguardo ministerial como parte de las diligencias.
Su trayectoria en corporaciones de seguridad
Mauro Antonio “N” tuvo formación en las Fuerzas Armadas entre 2008 y 2017, periodo en el que recibió capacitación en áreas tácticas y operativas.
Posteriormente se integró a corporaciones de seguridad en Guerrero y desempeñó funciones operativas y administrativas antes de asumir el cargo municipal.
El 30 de septiembre de 2025 fue designado director de Tránsito y Movilidad del Ayuntamiento de Iguala.
Ayotzinapa, un caso que sigue abierto
La desaparición de los 43 estudiantes en 2014 se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
A más de una década, las investigaciones continúan y han derivado en nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y presuntos integrantes de grupos criminales que operaban en la región.
La situación jurídica del funcionario será definida por un juez en los próximos días.
