La situación del suministro de agua en Puebla ha alcanzado un punto crítico. La actual crisis se ha visto agravada por la ausencia de proyecciones claras sobre la demanda futura en la zona metropolitana, lo que impide una gestión eficiente del líquido.
El crecimiento urbano desmedido no ha sido acompañado por una infraestructura hidráulica adecuada, de acuerdo con ciudadanía, dejando a miles de poblanos en la incertidumbre sobre el acceso al servicio en los próximos años.
El reto de la infraestructura y el saneamiento en Puebla
Ante este panorama, el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, ha anunciado una inversión histórica superior a los 2,750 millones de pesos destinada al Plan Hídrico para el periodo 2026. Este proyecto busca no solo mejorar la distribución, sino también avanzar en el saneamiento del río Atoyac, una de las fuentes fluviales más contaminadas de la región. De acuerdo con las autoridades estatales, la meta es rescatar el cauce mediante la construcción de plantas de tratamiento y colectores en municipios estratégicos como San Martín Texmelucan y Huejotzingo.
La falta de mantenimiento en las redes actuales es otro factor determinante. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) ha advertido que se pierde casi el 50% del agua debido a fugas en las tuberías urbanas y sistemas de riego agrícola obsoletos.
Alberto Jiménez Merino, titular de la Ceaspue, ha enfatizado que el acceso al agua debe garantizarse como un derecho humano fundamental, señalando que la responsabilidad de su cuidado debe ser compartida entre la administración pública y la sociedad civil para evitar un colapso total del sistema.
Conflictos con la concesión y demandas ciudadanas
La operatividad del servicio también se encuentra bajo la lupa. El Ayuntamiento de Puebla, bajo la gestión de José Chedraui, ha manifestado que se mantiene una vigilancia estricta sobre la empresa Agua de Puebla. La administración municipal ha dejado claro que, de confirmarse incumplimientos en los planes de inversión prometidos el año pasado, no se descartará la rescisión del contrato de concesión. Esta postura responde a las constantes quejas de los usuarios en colonias donde el desabasto es una realidad cotidiana pese al aumento en la recaudación.
A pesar de que la empresa concesionaria reportó un incremento en sus ingresos durante el último año, los indicadores de morosidad persisten, afectando la liquidez para obras nuevas. Mientras tanto, habitantes de zonas como Concepción Guadalupe y Calpan continúan realizando movilizaciones para exigir soluciones inmediatas.
La falta de una planta tratadora funcional en algunas regiones ha obligado a los agricultores a suspender sus cosechas, evidenciando que la problemática hídrica en Puebla no es solo una cuestión de consumo doméstico, sino un freno para el desarrollo económico y la salud pública de toda la zona metropolitana.
