La organización de la Copa del Mundo 2026 enfrenta un desafío que va más allá de lo estrictamente deportivo: la política migratoria de los Estados Unidos. Recientemente, ha trascendido que la FIFA está analizando formalmente solicitar a la administración del presidente Donald Trump una suspensión temporal de los operativos y redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras dure el torneo. La intención es garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad tanto para los residentes locales como para los millones de turistas internacionales que viajarán para seguir a sus selecciones.
El temor de las sedes y la seguridad de los aficionados
La inquietud no solo proviene de la FIFA. Diversas autoridades locales en ciudades sede ya han expresado su preocupación por el impacto que las tácticas de control migratorio podrían tener en el éxito del evento. Por ejemplo, la alcaldesa de Toronto ha solicitado medidas similares en Canadá, mientras que en Miami-Dade se ha advertido que una presencia agresiva de agentes del ICE podría generar un clima de miedo que ahuyente a los visitantes y afecte la asistencia a los estadios. La premisa es simple: un Mundial de fútbol debe ser una fiesta global de unidad, no un escenario de persecución.
El grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial ha reiterado que existe una coordinación entre los niveles federal, estatal y local para asegurar el desarrollo logístico del certamen. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han señalado que los antecedentes de detenciones masivas en fechas recientes plantean riesgos significativos. La FIFA, bajo esta presión, busca obtener garantías de que sus “zonas de aficionados” y los alrededores de los estadios sean espacios protegidos, evitando que el espectáculo se vea empañado por incidentes migratorios que generen titulares negativos a nivel mundial.
Logística y coordinación internacional bajo la lupa
La solicitud de una “tregua” migratoria es un movimiento diplomático complejo. Por un lado, la FIFA debe respetar la soberanía y las leyes internas de los países anfitriones; por otro, tiene la responsabilidad de velar por la integridad de quienes poseen boletos y viajan desde diversas partes del mundo. La preocupación se intensifica ante la posibilidad de que residentes indocumentados en las ciudades sede, que forman parte vital de la fuerza laboral que sostiene los servicios del Mundial (hotelería, limpieza, transporte), opten por no asistir a sus empleos o evitar los espacios públicos por temor a ser detenidos.
El éxito comercial y social de la Copa del Mundo 2026 depende en gran medida de la percepción de seguridad. Si el gobierno estadounidense accede a suavizar las operaciones del ICE de manera temporal, se enviaría un mensaje de bienvenida al mundo. No obstante, en el actual clima político de Washington, la respuesta a la petición de la FIFA es incierta. Mientras tanto, las sedes continúan afinando sus protocolos, esperando que el balón ruede en un entorno donde el único foco de atención sea el deporte y no las políticas fronterizas.
